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Piden a la Asamblea Legislativa decretar Día Nacional de la Desaparición Forzada

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El Procurador para la defensa de los Derechos Humanos, pills David Morales, rx y representantes de organizaciones sociales que trabajan con familiares y víctimas de desapariciones forzadas pidieron a la Asamblea Legislativa declarar el 30 de agosto como Día Nacional de la Desaparición Forzada.

“Reconociéndolo sería una medida importante de reparación simbólica, salve significa que el Estado de El Salvador no solo reconoce la historia, sino que se compromete a prevenir que en el futuro crímenes tan atroces como el de la desaparición forzada ocurran nuevamente”, dijo el procurador en la entrevista Agenda Ciudadana de Televisión de El Salvador (TVES).

Guadalupe Mejía, representante del Comité de Familiares de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos (CODEFAM), quien también participó en la entrevista, exigió un reconocimiento justo a todos los desaparecidos en nuestro país y la ratificación de convenios internacionales sobre víctimas de la desaparición forzada. “Nosotros esperamos que se haga realidad la reparación a las víctimas de violación a los derechos humanos, que la Asamblea apruebe el 30 de agosto como el Día Nacional de las Víctimas de la Desaparición Forzada y ratifiquen la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas”, dijo Guadalupe Mejía.

El procurador señaló que la Fiscalía General de la República y el sistema judicial no han tomado una postura justa y profesional ante delitos de lesa humanidad, como la desaparición forzada, que no están amparados por la amnistía.

“Pro Búsqueda y los comités de madres han impulsado casos ante la justicia de El Salvador, hay muchos casos en los tribunales y les ha sido jurídicamente imposible aplicar la amnistía y prescripción, son casos abiertos exista convención o no; exista amnistía o no, los casos están abiertos y activos”, señaló Morales. “Lo que tenemos son funcionarios de la Fiscalía General y funcionarios judiciales que se niegan a cumplir su obligación de investigar en procesos abiertos”, agregó el procurador.

El director de Pro Búsqueda, Eduardo García, afirmó que la Fiscalía General de la Republica ha mostrado poco interés en investigar graves casos de violaciones a los derechos humanos y que no están sujetos o amparados bajo la Ley de Amnistía.

Desde el año 1993 Pro Búsqueda ha realizado 244 encuentros y resuelto más de 390 casos, con alrededor de 100 personas más localizadas, detalló García. “Y la Fiscalía teniendo dos sentencias de la Corte Interamericana de Justicia donde le ordena la búsqueda de dos niñas (caso Serrano Cruz) no las ha logrado ubicar, ¿cómo se le puede llamar a esto? Falta de voluntad”, dijo el director de Pro Búsqueda.

La asociación fue fundada por el sacerdote jesuita Jon de Cortina y en el marco de su vigésimo aniversario aun continua su labor de apoyo a los familiares de los niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado.

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