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Lima / AFP
Francisco Jara
Un conflicto de poderes se incuba en Perú tras una amenaza velada del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, dominado por la oposición fujimorista, si los legisladores frenan sus reformas constitucionales destinadas a combatir la corrupción.
En un mensaje al país, Vizcarra advirtió el domingo que si el Congreso frena sus reformas políticas y judiciales, que espera aprobar en un referéndum en diciembre, planteará la llamada «cuestión de confianza», norma constitucional que abre la vía para disolver el parlamento.
«Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República para aprobar las cuatro reformas constitucionales presentadas al Congreso» en respuesta a un escándalo de corrupción en el poder judicial, dijo Vizcarra.
La Constitución establece que el gobierno puede «plantear ante el Congreso una cuestión de confianza (…) si la confianza le es rehusada, o si es censurado», mientras que el mandatario «está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros», lo que no ha ocurrido hasta ahora.
«No es golpista el hecho de solicitar que el Congreso acelere los procesos», declaró la vicepresidenta peruana Mercedes Aráoz.
«El objetivo principal es conseguir las cuatro reformas (…), no cerrar el Congreso», afirmó por su lado el primer ministro, César Villanueva.
El partido de Keiko Fujimori, que domina el legislativo, ha desestimado la urgencia de las propuestas de Vizcarra, que incluyen el fin de la reelección parlamentaria, restituir la bicameralidad en el Congreso y regular el financiamiento de los partidos, además de cambiar procesos de designación y control de jueces.
El partido de la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) mantuvo maniatado al antecesor de Vizcarra, Pedro Pablo Kuczynski, durante sus 20 meses de gobierno hasta que consiguió su renuncia el pasado 21 de marzo.
Además, la «luna de miel» de cinco meses entre Vizcarra y Keiko terminó en forma abrupta hace poco precisamente por las reformas, que de paso amenazan el poder del fujimorismo en el parlamento.
Aunque no están claros cuales serán los próximos pasos de Vizcarra, debido a que faltan instancias constitucionales antes de que pueda disolver el Congreso, su mensaje cosechó críticas de la oposición y apoyo de la Iglesia católica.
Los líderes de las bancadas legislativas descartaron este lunes darle celeridad a las reformas saltándose los debates en comisiones. Hasta ahora sólo hay avances en la reforma judicial, no en la política.
Tras uns reunión de las bancadas, la portavoz fujimorista, Úrsula Letona, afirmó que el planteamiento de Vizcarra «tiene errores e interpretaciones que tienen matices inconstitucionales».
Sin embargo, el mandatario consiguió respaldo de la Conferencia Episcopal: «Haciendo eco del clamor de la población, saludo y felicito al Presidente Martín Vizcarra», tuiteó su titular, el arzobispo Miguel Cabrejo.
En caso de disolver el Congreso, Vizcarra debe convocar a nuevas elecciones legislativas en cuatro meses más, escenario que la oposición quiere evitar debido al alto nivel de desaprobación del parlamento (82%) y de Keiko (80%).
Las elecciones legislativas y presidenciales deben efectuarse en 2021.
– Recordó los ‘Vladivideos’ –
El mandatario también anunció que convocó al Congreso a una sesión extraordinaria este miércoles para que aborde su propuesta de reforma.
El jefe del Congreso, el fujimorista Daniel Salaverry, dijo que esa convocatoria «no se ajusta al marco constitucional», pero de igual manera el tema será debatido este miércoles por el plenario, en presencia del primer ministro Villanueva.
Vizcarra propuso las reformas en respuesta al escándalo de audios de jueces traficando influencias y vendiendo sentencias, que conmociona al país desde el 8 de julio.
El escándalo provocó la caída del presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez, y del ministro de Justicia, Salvador Heresi. Hay 12 magistrados detenidos, entre ellos el presidente de la corte de apelaciones del Callao, Walter Ríos.
También fue suspendido un juez de la Corte Suprema, César Hinostroza, mientras que el fiscal general, Pedro Pablo Chávarry, se mantiene en el ojo del huracán, pero se niega a renunciar.
Vizcarra destacó que el caso de las comprometedoras grabaciones de conversaciones telefónicas de jueces estalló 18 años después del escándalo de los ‘Vladivideos’, la difusión de videos grabados por el entonces jefe de inteligencia Vladimiro Montesinos, que dejaron al desnudo una corrupción generalizada y condujeron a la caída de Alberto Fujimori.
«Hoy me pregunto, ¿qué hemos aprendido?», dijo el presidente.
Vizcarra, quien el 28 de julio anunció que quiere que su reforma sea aprobada en un referéndum, dijo que espera convocar a la consulta popular el próximo 8 de diciembre, en coincidencia con la segunda vuelta de los comicios de gobernadores (la primera ronda será el 7 de octubre).
La aprobación popular de Vizcarra subió 11 puntos en agosto para alcanzar 46% tras su propuesta de reforma. Además, el 76% apoya el fin de la reelección de legisladores y el 55% la bicameralidad, según sondeos de Ipsos.
