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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
En la ley de privatización de las pensiones aprobada en diciembre de 1996, treatment el considerando III dice que “ … es responsabilidad del Estado posibilitar a los salvadoreños los mecanismos necesarios que brinden la seguridad económica para enfrentar las contingencias de vejez, check invalidez y muerte”; pero todo el diseño del sistema privatizado lleva a establecer con las cotizaciones de trabajadores y empleadores, illness una comisión a la entidad que administra, una cuenta de ahorro privado y, obligación al Estado de definir y ajustar el monto de la pensión mínima y complementar lo que haga falta para el pago de tales pensiones.
Por eso la campaña emprendida por los privatizadores acusando al gobierno de usar los ahorros de los trabajadores carece de veracidad, buscan dejar la sensación de que el gobierno usa los ahorros para comprar zapatos o computadoras. Esta campaña revela una perversidad ilimitada como lo fue la misma privatización.
Desde 1997, los gobiernos de Calderón Sol y Francisco Flores estaban obligados a incorporar en el presupuesto un monto de reserva para pagar pensiones y no lo hicieron. Cuando llegó la hora de honrar los certificados de traspaso y pagar las primeras pensiones de quienes fueron obligados a emigrar a lo privado, o escogieron voluntariamente incorporarse al sistema, simplemente no tenían fondos, la reserva no había sido realizada. Para colmo inventaron otorgar un bono (deuda) complementario por la baja de interés originada por la dolarización y después crearon el FIDEICOMISO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES (FOP), como mecanismo indeterminado y creciente de deuda del Estado con el sistema privatizado. Es decir el Estado no recibe un centavo de las cotizaciones, pero tiene que hacerse cargo de pagos. ¿Dónde puede haber hurto como lo afirma esa campaña mentirosa?
Esa espiral de endeudamiento a futuro se realizó con mayoría simple y ha sido avalada por la Sala de lo Constitucional con su reciente sentencia que manda a pagar un interés mayor al que dejaron establecido los gobiernos de arena desde el año 2006.
En la creación del Fideicomiso el Estado aportaría inicialmente 20 millones de dólares, y otros montos en cada ejercicio fiscal; además se sumarían los intereses y rendimientos o utilidades que resulten de las operaciones del mismo. Las obligaciones de ese fideicomiso son varias pero la principal es destinar los fondos recibidos para el pago de los beneficiarios previsionales. Se manda a emitir certificados (papeles de compromiso) tanto como se necesite para pagar pensiones. Esos certificados pagan intereses, y deben ser adquiridos por el Fondo de Pensiones constituido con la totalidad de los ahorros a nombre de cada cotizante. El FMLN ni votó por la privatización ni por el fideicomiso el cual en su momento criticamos y tachamos de inconstitucional, pero que ahora la Sala de lo Constitucional, valida como constitucional, además de mandar a legislar para cambiar la base de la tasa de interés.
Quienes inventaron la falsa solución a la crisis de pensiones en 1996 y en 2006 afectaron a muchas generaciones, y ahora se presentan como “salvadores” con otra mentira, según la cual, si el Estado pagara interés mayores a los certificados que sirven para pagar a los pensionados, entonces la pensión sería mayor. Son unos mentirosos, esconden el hecho irrefutable de que si los salarios son bajos y discontinuos, los ahorros son insuficientes para que un cotizante tenga lo suficiente para una pensión (60 años de edad y 25 de cotizar), pretenden poner a los trabajadores como defensores del modelo privatizado y cerrar el análisis de otras modalidades que puedan existir y vuelvan sostenible en el largo plazo una jubilación.
En 2006 dispusieron mediante la ley las proporciones del fondo que pueden ser adquiridas en diferentes tipos de inversión, pero aumentaron sin ninguna base el monto de la pensión a quienes tengan salarios altos. El Ministro Carlos Cáceres ha denunciado el efecto nocivo de esta decisión. La deuda mayor se origina en eso, en tener que pagar con fondos públicos pensiones altas establecidas en 2006 sin fundamento económico.
Las únicas reformas a este sistema de las cuales el FMLN ha sido parte fue elevar la pensión mínima que en 2009 era de 114 dólares a $207.60, el disminuir en 0.5% la comisión pagada a la AFP y esa diferencia aumentarla al ahorro del cotizante, lo cual se hizo en el 2012, además de elevar el monto de certificados a 45% del fondo, es decir, lo requerido para pagar pensiones.
Al trabajador y la trabajadora joven se le ha creado inseguridad en la medida que un día el Estado tenga imposibilidad de pagar la creciente deuda. Antes que eso ocurra se impone una corrección que incluya también resolver el engaño para quienes siendo cotizantes, la ley los deja sin posibilidad de pensión. Evidenciar esto nos ocupará una tercera parte.
Continuará…
