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Por Alfons Luna/ Toni Cerdà
Londres/Bruselas/AFP
La Cámara de los Comunes británica empezó este jueves a debatir la derogación de miles de leyes y directivas europeas del ordenamiento jurídico, en vistas a la salida del país de la Unión Europea (UE).
Se trata de una nueva lectura del proyecto de ley del gobierno conservador de Theresa May, conocida como la Ley de Derogación, y que está lejos de suscitar unanimidad en un Parlamento en el que la primera ministra cuenta con una mayoría muy precaria.
Se espera que la votación del proyecto de ley tenga lugar el lunes. Y, mientras May libra esta batalla en el frente interno, en el externo el principal negociador europeo, Michel Barnier, expresó su preocupación por las propuestas británicas para la frontera entre Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte tras la marcha de Reino Unido del bloque.
Un ejercicio colosal de cortar y pegar
En la Cámara de los Comunes, el ministro británico del Brexit, David Davis, llamó a la oposición a cerrar filas «con el objetivo común» de garantizar la mejor salida posible de la UE, pero el primer partido opositor, el laborista, ya anunció que votará en contra.
La ley es en realidad un «ejercicio de cortar y pegar», como la describió el diario The Times, y consiste básicamente en adaptar todas esas leyes europeas al ordenamiento británico. El objetivo es que el día que el Reino Unido salga de la UE, en marzo de 2019, las empresas y ciudadanos no se topen con miles de cambios.
La controversia viene de lo que ocurrirá luego. Como muchas leyes exigirán al menos cambios cosméticos -donde haya menciones a tratados europeos, o a la UE-, el gobierno quiere que los ministros puedan hacer esos cambios sin pasar por el Parlamento, amparándose en lo que se conoce como «poderes de Enrique VIII», por su origen histórico.
Pero, la oposición teme que el gobierno abuse de esos poderes para introducir cambios profundos, y no meramente formales, y que por el camino se pierdan derechos hasta ahora protegidos por las leyes y tribunales europeos.
Davis dijo que «muchos de los cambios serán menores y técnicos», pero que cuando sean de mayor envergadura se someterán «al escrutinio parlamentario».
May, por su parte, avisó que el escrutinio tendrá que ceñirse a los intereses nacionales.
«La Ley de Derogación contribuirá a materializar la decisión del pueblo británico al poner fin al papel de la UE en las leyes británicas, pero es además el paso más importante para evitar que la gente y las empresas se encuentren ante un precipicio, porque proporciona certeza legal», dijo la primera ministra.
«Hemos reservado tiempo para un examen parlamentario adecuado de las leyes del Brexit, y doy la bienvenida a las contribuciones de los diputados», aseguró, antes de advertir «que está aportación tiene que encajar en nuestro objetivo común: garantizar el mejor Brexit para Reino Unido».
Inquietud en Bruselas
En Bruselas, Barnier expresó preocupación por las propuestas de Londres para la frontera irlandesa, la única entre el bloque y el Reino Unido, descontando las de territorios autónomos como Gibraltar.
Según Barnier, «el Reino Unido quiere utilizar a Irlanda como una especie de prueba para las futuras relaciones aduaneras» con la UE. «Eso no ocurrirá», agregó.
En su propio documento sobre Irlanda publicado este jueves, la UE pide a Londres «proponer soluciones para superar los desafíos» abiertos con su marcha. «La responsabilidad (…) corresponde a Reino Unido», agregó.
Aunque Londres quiere inciar rápidamente la negociación del futuro marco de relaciones entre ambos, que podría incluir un acuerdo de libre comercio, los europeos quieren primero «progresos suficientes» en las condiciones del divorcio.
En este sentido, Barnier se mostró dispuesto a acelerar las negociaciones de divorcio. «Visto que el tiempo corre (…) y ese tiempo que corre me preocupa, estoy dispuesto a acelerar e intensificar el ritmo de las negociaciones», aseguró.
De cumplirse los plazos, Reino Unido se convertiría en marzo de 2019 en el primer país del bloque en abandonar el proyecto europeo.
