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Panamá suspende contrato de radares con empresa italiana

Ciudad de Panamá/AFP

La Corte Suprema de Justicia de Panamá suspendió provisionalmente un contrato por 90 millones de euros suscrito por el anterior gobierno con una empresa italiana para la adquisición de radares utilizables en la lucha contra el narcotráfico, nurse informó el órgano judicial.

La Sala Tercera de lo Contencioso, Administrativo y Laboral de la Corte «suspendió provisionalmente los efectos del contrato» firmado el 6 de agosto de 2010 entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y la empresa Selex, filial de la italiana Finmeccanica.

Según la Corte panameña, «hay motivos suficientes para acceder a la medida cautelar» de cancelación provisional del contrato «pues existen indicios de desviación de poder». Acalaró, sin embargo, que esa decisión «en modo alguno constituye un criterio final».

El gobierno de Panamá suspendió en 2014 el contrato por considerar defectuosos los radares que esta compañía le había vendido al gobierno anterior de Ricardo Martinelli (2009-2014).

La adquisición consistió en 19 radares con capacidad de rastrear las lanchas rápidas que utilizan los narcotraficantes para el transporte de droga, pero una vez probados los equipos los organismos de seguridad panameños llegaron a la conclusión de que no cumplían los requerimientos.

«Es una buena noticia para nosotros» porque la Corte ha estimado que «existe apariencia de buen derecho a favor del Estado panameño, lo que no quiere decir que el caso ya se falló», dijo el ministro de Seguridad, Rodolfo Aguilera.

Además de los radares, el gobierno de Martinelli adquirió a Finmeccanica 6 helicópteros y un mapa cartográfico digital que nunca fue entregado, a un costo total de 125 millones de euros.

Este contrato se enmarca dentro de un memorando de entendimiento para la lucha contra el narcotráfico que firmó la administración de Martinelli con el gobierno del exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Las compras a Finmeccanica desataron uno de los mayores escándalos del gobierno de Martinelli, ya que fueron realizadas con la mediación del empresario italiano Valter Lavítola, actualmente preso en su país bajo cargos de corrupción.

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