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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Decenas de personas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, marcharon hoy como muestra de rechazo a las resoluciones de inconstitucionalidad que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decretaron a la Ley del Presupuesto General de la República 2017 y a la iniciativa de aumento de porcentaje inversión del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales.
Hace algunas semanas, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucionales, el presupuesto correspondiente a este año y el aumento de porcentaje en los Certificados de Inversión Previsional (CIP) correspondientes al FOP, del 45 al cincuenta por ciento, con lo que el gobierno hubiera recibido una inyección presupuestaria de quinientos millones de dólares para pagar pensiones de jubilados correspondientes a este año.
Según representantes de los movimientos ciudadanos, las declaratorias de inconstitucionalidad que la Sala ha decretado a estas dos normativas corresponden a una agenda para favorecer a grupos de poder tanto políticos como económicos.
“Las resoluciones de la Sala buscan ahogar las finanzas del gobierno y también a los pobres, que es a quienes apoya mediante los programas sociales. Creemos que estas decisiones son parte de una agenda dictada por el partido ARENA para beneficiar a intereses oscuros del crimen organizado, este sistema judicial implementado por la dictadura de los cuatro magistrados no responde a las necesidades de justicia de los sectores más vulnerables del pueblo salvadoreño”, dijo Marielos de León, representante de COMPHAS.
Según la Confederación para un País sin Hambre y Seguro (COMPHAS), los cuatro magistrados de la Sala de lo constitucional han pedido al gobierno que disminuya sus gastos, despida empleados públicos y recorte presupuestos en carteras importantes del Ejecutivo, mientras que ellos despilfarran el presupuesto asignado a la CSJ en viajes y compra de carros de lujo, además de caprichos de los magistrados.
“Los magistrados están dando recetas de austeridad y recortando el presupuesto del gobierno mientras en la corte poseen prestaciones que cuestan mucho dinero al país, hablan de corrupción y en junio pasado con trece votos de los quince magistrados se blindaron y ya no puedan ser investigados ni sus patrimonios, todo esto además de los viajes que se pagan y los carros de lujo que compran”, indicó Francisco García, coordinador general de COMPHAS.
Según la organización ciudadana entre 2008 y 2017, la CSJ no ha ejecutado más de $155 millones de su presupuesto que corresponde al 6% del Presupuesto General de la República, sin que estos recursos sean reintegrados a las arcas del Estado.
La organización social además exigió a los magistrados que reviertan el acuerdo para que sus patrimonios sean investigados, y cumplan con la eliminación de los seguros médicos, gastos de representación y la devolución al Estado del presupuesto no gastado más los ahorros producto de la eliminación de las prestaciones antes mencionadas.
