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Gustavo Carías
@Gustavo94Carias
Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron hoy para exigir a los órganos del Estado compromiso y transparencia en la segunda audiencia de seguimiento sobre la sentencia que derogó la Ley de Amnistía, realizada por la sala de lo Constitucional el pasado 13 de julio de 2016. Dicha resolución dejó sin efecto una ley que impide que se realicen investigaciones a crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto del conflicto armado en El Salvador.
Entre las organizaciones involucradas está la Fundación Pro Búsqueda, Cristosal, FESPAD, el Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, ASDEHU, Fundación Comunicándonos y el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), quienes dieron su opinión sobre las mejoras que se deben de realizar para que el caso sea llevado de una forma eficiente.
Una de las demandas que piden es la exclusión de actores que participaron en el conflicto armado en la comisión ad hoc designada por la Asamblea Legislativa para establecer los parámetros para la formulación de la Ley Nacional de Reconciliación, que según las organizaciones incumplen la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
David Morales, representante de Cristosal, criticó la inclusión del coronel José Antonio Almendariz, Rodolfo Parker y el general Mauricio Ernesto Vargas en dicha comisión ad hoc. “Son quienes participaron en crímenes de lesa humanidad, es decir, masacres, torturas. Estas personas no pueden aplicar amnistía y la nueva ley es para reparar víctimas, para dar capacidad de investigación a la Fiscalía y tribunales”, expresó.
Asimismo, exigieron que se otorgue un presupuesto para la reparación de las víctimas y acceso a la justicia, así como la participación de las organizaciones defensoras de los derechos humanos que trabajan en casos de crímenes de lesa humanidad en dicho proceso legislativo.
Saúl Baños, presidente de FESPAD, mostró su preocupación por la sentencia de seguimiento que la Sala de lo Constitucional hizo en julio de 2016. “Las cosas no han cambiado, estamos en la misma situación. La Asamblea Legislativa no se muestra interesada, se escudan en argumentos leves como la situación presupuestaria y eso solo muestra la poca voluntad para hacer valer la sentencia de seguimiento”, afirmó.
