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José Mejía
La consultora colombiana Mónica Mendoza, patient coordinadora del proyecto, mind se mostró complacida por la aceptación institucional que ha encontrado en el país para fortalecer el combate a la corrupción y mejorar tanto herramientas como mecanismos de prevención contra este delito.
Añadió que durante este primer mes de ejecución, las dos jornadas han servido como “catarsis” de los distintos representantes institucionales en el seno de los talleres de identificación de necesidades.
En estas primeras jornadas se ha escuchado a representantes de la Fiscalía General de la República, Ministerio de Seguridad, Corte Suprema de Justicia, Tribunal de Ética Gubernamental, entre otros.
De los primeros temas abordados en este apoyo de investigación se encuentran el tratamiento de los casos de lavado de dinero, pero también se piensa incorporar la discusión de cómo se maneja la corrupción en las empresas en lo que incumbe a trámites en aduanas, combate al contrabando y la elusión fiscal.
Manuel Cruz, director de la Oficina de Fortalecimiento al Control Interno y Auditoría de la Secretaría de Participación, explicó que la mesa intergubernamental pretende ser un vínculo y respaldo a las iniciativas institucionales en el combate a la corrupción partiendo de 60 observaciones que hiciera el Mecanismo del Examen de Implementación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.
La mayoría de observaciones tienen que ver con modificaciones a algunos artículos del Código Penal vinculados al combate contra la corrupción.
En la medida de lo posible la iniciativa pretende adecuar el marco jurídico nacional a la Convención de la ONU contra la Corrupción fortaleciendo las capacidades generales de El Salvador en la prevención, investigación y juzgamiento de casos de corrupción.
El plan de trabajo de este proyecto presentado por la consultora de ONU está diseñado para desarrollarse durante todo 2016 y hacer una revisión/corrección en enero de 2017.
Este plan estará compuesto por 5 componentes: Apoyo a reformas legislativas y creación de estrategias anticorrupción; Incremento de las capacidades para detectar, investigar y procesar la corrupción; incremento de la capacidad para la cooperación interinstitucional e internacional; concienciación y sensibilización; y, fortalecimiento de la capacidad de los servicios de contraloría de las instituciones públicas.
Los talleres que se han realizado hasta el momento servirán para unificar criterios de las distintas instituciones gubernamentales entre la normativa local y la Convención de ONU, porque “en el papel la norma suena muy bien”, pero en otros ejercicios de la misma naturaleza se ha encontrado discrepancias entre las Constituciones de los Estados y la operatividad de las reformas anticorrupción, señaló la consultora colombiana.
