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@arpassv
Asólo dos semanas de terminar su período, ed la presente legislatura aún no ratifica la reforma constitucional que reconoce como derechos humanos el acceso al agua y la alimentación. Los grupos parlamentarios de ARENA y PCN, defensores de mezquinos intereses privatizadores, siguen negando sus votos.
La reforma al Artículo 69 de la Constitución, que areneros y pecenistas no quieren avalar, dice:
“Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia.
El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”.
No ratificar esta reforma es una omisión inaceptable que el país no debe permitirle a la Asamblea Legislativa porque, como bien señala la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), deriva en graves violaciones a derechos fundamentales para la vida digna de la población.
En una extensa resolución publicada la semana pasada, la Procuraduría considera inadmisible que ante las precarias condiciones de acceso al agua potable, protección de cuencas, sistemas de saneamiento y nutrición en el país, la Asamblea no cumpla su responsabilidad de aprobar marcos normativos apropiados.
Por eso la PDDH también cuestiona la negativa de la derecha parlamentaria de aprobar los proyectos de ley de agua y de soberanía alimentaria, que duermen el sueño de los justos en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático.
La Procuraduría pide que los diputados salientes ratifiquen la reforma aprobada en abril de 2012 por la legislatura anterior. “La posibilidad de tener un marco jurídico del más alto nivel para enfrentar los problemas de la alimentación y el agua puede perderse si al 30 de abril próximo la Asamblea no ratifica la mencionada reforma constitucional”, advierte la resolución.
Las organizaciones sociales promotoras de la reforma constitucional –encabezadas por el Foro del Agua, la Alianza Ambiental, Cáritas y la UCA– intensificarán su campaña cívica en estos días para instar al país a movilizarse para que los diputados de ARENA y PCN no terminen la legislatura sin reconocer constitucionalmente el acceso al agua y a la alimentación como derechos humanos.
