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La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro resolvió que otro juez conozca el caso que enfrenta el secretario Transparencia, store Marcos Rodríguez, por presunta difamación interpuesto por la diputada Ana Vilma de Escobar.
“Ha lugar la excusa planteada por el licenciado José Antonio Flores, juez del Tribunal Tercero de Sentencia, para separarse de conocer el procedimiento por delito de acción privada tramitado contra el acusado”, dice la resolución firmada por los magistrados Rodríguez Barrera y Victoria de Palacios.
La Cámara no aceptó el recurso de recusación presentado por la defensora de Rodríguez pero sí la de la excusación del juez Flores y envió el proceso a la Oficina Distribuidora de Proceso para que asigne otro juez.
“No voy a generar continuación de este caso. Considero que es más transparente que se resuelva el incidente planteado”, dijo el juez en esa ocasión cuando la abogada defensora particular del secretario de Transparencia, Bertha María Deleón, presentó la recusación.
Semanas atrás, Marcos Rodríguez denunció, ante la Fiscalía General de la República (FGR) a José Antonio Flores, Juez del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, por el delito de prevaricato, al considerar que existen claras muestras de parcialidad y anteponer interés privado sobre el interés público, al conocer sobre el caso de FECEPE.
Ante la denuncia interpuesta por el Secretario, el Juez Tercero de Sentencia de San Salvador, José Antonio Flores se excusó de continuar conociendo el proceso en el que se acusa al Secretario de difamación y calumnia, por parte de la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar.
El juez Flores, en aras de transparentar el proceso, decidió excusarse a fin de que sea la Cámara Tercera de lo Penal de la Sección del Centro la que decida si él continúa conociendo o un juez diferente.
Meses atrás, la diputada interpuso una demanda por el delito de difamación y calumnia, contra el Secretario de Transparencia, debido a que el funcionario hizo público un informe del Banco Central de Reserva, en el que se establece que la diputada, al momento de ejercer como vicepresidente de la República, habría permitido beneficios económicos, a través del FECEPE, a empresas privadas con la finalidad de crear empleos, sin embargo, dichos empleos nunca se crearon.
