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Por Francisco Jara
La Habana/AFP
Las delegaciones de paz del gobierno colombiano y de las FARC pusieron a trabajar el lunes una «subcomisión» conjunta sobre género, for sale en un reconocimiento de que la violencia sexual ha sido un «arma de guerra» en el conflicto armado.
La subcomisión, con cinco integrantes de cada parte, fue creada en septiembre pero inició sus labores este lunes en presencia de ambas delegaciones, de seis activistas colombianas invitadas y de diplomáticos de los países «garantes» y «acompañantes» del proceso de paz: Cuba y Noruega, y Chile y Venezuela, respectivamente.
«En el campo y en las ciudades, las mujeres hemos resistido, sobrevivido, nos hemos opuesto a los atroces crímenes que se han dado en el contexto del conflicto armado y hemos exigido verdad, justicia y reparación para las mujeres víctimas», dijeron las activistas, entre ellas la dramaturga Patricia Eriza, en un comunicado que leyeron ante la prensa.
La subcomisión, encabezada por María Paulina Riveros (gobierno) y Victoria Sandino (FARC), tiene carácter técnico, sin facultad negociadora, y trabajará simultáneamente con los «plenipotenciarios» que buscan acabar un conflicto armado de medio siglo, que ha dejado 220.000 muertos y 5,3 millones de desplazados.
Su primera actividad fue escuchar las propuestas de las seis activistas, todas ellas dirigentes o expertas de organizaciones de mujeres colombianas.
«Presentamos una serie de propuestas (…) tendientes a la consideración de la garantía plena de los derechos de las mujeres víctimas en el marco del conflicto armado, incluida las mujeres víctimas de violencia sexual», dijo Claudia María Mejía, otra de las activistas.
El Informe del Grupo de Memoria Histórica, entregado en 2013 al presidente colombiano Juan Manuel Santos, dice que las 1.754 denuncias investigadas por abusos sexuales entre 1985 y 2012, «confirmaron el uso de la violencia sexual como arma de guerra y los ataques contra las mujeres por sus ejercicios de organización y liderazgo» en sus comunidades.
«No ha sido fenómeno aislado»
«El registro oficial cuantitativo resulta alarmante y rebate el falso imaginario de que la violencia sexual en el conflicto armado ha sido un fenómeno aislado, accidental o marginal», indica el informe.
La mayor cantidad de denuncias por abusos sexuales fueron contra los grupos paramilitares de derecha, que se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), pero también contra las fuerzas militares y las comunistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla de ese país.
«Esta organización obliga a las niñas y jóvenes que integran sus filas a usar métodos anticonceptivos y en casos de embarazo, el aborto forzado es común», indica el informe.
«La violencia sexual perpetrada por las guerrillas pudo haber sido menos visible que la de otros actores armados», agrega el informe, que considera como violencia sexual a la violación, el acoso sexual, la esclavitud sexual, la desnudez forzada, el aborto forzado y la amenaza de abuso sexual, entre otras prácticas.
Piden tregua por Navidad
Las activistas invitadas pidieron este lunes a las dos partes una tregua durante las fiestas de fin de año, que lleguen «a un acuerdo pronto acerca del desescalamiento del conflicto armado» y que «no se levanten de la mesa (de diálogo) hasta no alcanzar los acuerdos de paz».
«Queremos ese regalo de Navidad», dijo Eriza sobre la propuesta de un «cese de hostilidades» temporal por el fin de año.
En las dos anteriores Navidades, las FARC han decretado una tregua unilateral, a la que no se sumó el gobierno, que ha insistido en no conceder el armisticio en Colombia mientras se desarrollan las pláticas de paz en Cuba, iniciadas hace dos años.
Tras retomar a inicios de mes las negociaciones -interrumpidas un par de semanas por la captura de un general, ya liberado por las FARC-, las partes prometieron procurar un «desescalamiento del conflicto», pero no han anunciado medidas en este sentido.
Ambas delegaciones recibirán el martes los testimonios de un quinto y último grupo de 12 víctimas del conflicto, con el fin de que sus demandas sean consideradas en un acuerdo de paz.
Las dos partes han consensuado hasta ahora tres de los seis puntos de la agenda.
