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@davidmar2105
José Márquez Chicas tiene 62 años de edad, view su rostro luce cansado, con arrugas que demuestra lo que quizá la vida lo ha hecho sufrir. No es para menos, se puede decir que fue uno de los sobrevivientes de la masacre ocurrida en el caserío “El Mozote”, Morazán.
“En ese año me mataron a mi papá, a mi abuelita; una hermana, primo, el caso es que me mataron 28 gentes. Esto fue tremendo porque cuando me di cuenta de eso… (Guarda silencio y se le salen algunas lágrimas) fue un trago difícil pasar esa situación”, nos cuenta Márquez al recordar cuando se dio cuenta de la masacre.
El 11 de diciembre de 1981, el Batallón Atlacatl, comandado por el coronel Domingo Monterrosa, llegó al lugar y ejecutó un plan de tierra arrasada, el que consistió en no dejar a nadie vivo, donde acabaron con la vida de más de un mil campesinos, entre mujeres, hombres, niños y niñas. Han pasado 33 años y los familiares de las víctimas siguen con ese dolor y exigen justicia contra los asesinos.
La historia de Márquez es como la de muchos, difícil, tuvo que emigrar un año antes a Honduras, ya que el ejército daba sus primeros avisos. Antes de irse vio pasar a varios soldados con 7 civiles calcinados, a quienes los llegaron a arrojar al cementerio de El Jícaro, caserío aledaño a El Mozote, por lo que por miedo tuvo que tomar la decisión de escapar.
“Ellos decían que por cada persona que mataran aquí, era un guerrillero menos, pero en esta masacre no había ni un guerrillero, es una mentira porque toda la gente que murió no agarró el fusil. Aquí mataron a gente de 80 a 84 años que no agarraban ni el bordón, a mi abuelita así la mataron, como no podía caminar le pusieron el fusil y ahí quedó asesinada”, recordó con sentimiento José Márquez.
Su padre, Israel Márquez Chicas tenía 84 años de edad, no quiso escapar con él, por lo que se convirtió en víctima de esa masacre. En su casa cayó una bomba incendiaria, la cual acabó con la vida de los miembros de la familia Márquez.
Aún quedan los vestigios de donde detonó el artefacto, un árbol quemado, una cárcava formada por el estallido, y otras cosas que comprueban la inmensidad de la masacre, la propiedad fue vendida, la familia no quiso tomarla por el sentimiento que representa dicho inmueble.
“Este dolor todavía existe (Llora y se toma un par de minutos en secar sus lágrimas), es difícil, que termine, lo que se pierde no tiene reparación. Pero si agarran a los que dieron la orden y asesinaron a nuestros familiares, van a hacer justicia aunque sea un poquito, pero por lo menos les vamos a ver las caras y recriminarles todos nuestros muertos. Queremos justicia”, acotó Márquez.
Y es que hasta el momento, el gobierno salvadoreño no repara por completo el hecho, aunque tuvieron que pasar 32 años para que un jefe de estado pidiera perdón a las víctimas y familiares de estas por las violaciones a los derechos humanos que cometió la Fuerza Armada durante la guerra civil y que desencadenaron masacres como la del Mozote.
Pero esto no ha sido suficiente para Márquez, ya que todavía existe la Ley de Amnistía, una legislación protectora de asesinos, la cual ha impedido que vayan al banquillo de los acusados los que dieron la orden de matar ese 11 de diciembre de 1981.
Dice no tener odio en contra los que ejecutaron la acción, ya que tiene el derecho y la obligación divina de perdonar a quien le ha ofendido, porque “si no perdonamos, Dios tampoco nos perdona”, agregó.
“No siento ningún odio para nadie, lo que siento es sed de justicia, que paguen los que tengan que pagar por que hasta hoy no les hemos visto la cara, además necesitamos ayuda para salir adelante”, prosiguió.
En este sentido, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, dijo que desde la entidad se sigue presionando para que el estado salvadoreño cumpla con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien ordenó investigar el hecho.
Asimismo, como parte de esa reparación hacia las víctimas, Morales ha pedido al Ministro de la Defensa David Munguía Payes que elimine el nombre de Domingo Monterrosa Barrios de las instalaciones de la tercera brigada de infantería en San Miguel ya que fue el ejecutor de la masacre y la nominación agravia los derechos humanos.
“La gran deuda continúa siendo la justicia, a las víctimas se les sigue negando el acceso a la justicia. No hay voluntad para reabrir el caso, para anular la Ley de Amnistía; valoró que el fiscal general, Luis Martínez, quiera reabrir el caso desde su posición y realiza algunas entrevistas a víctimas, sin embargo, no está pidiendo la nulidad de la Ley de Amnistía en el caso por lo que no está cumpliendo totalmente su rol”, expresó Morales.
Por ello indicó que como procurador seguirán presionando porque el estado repare, aunque sea un poco, el dolor que a personas como José Márquez, para que su sed de justicia sea saciada y ya no se siga protegiendo a criminales de guerra como hasta el momento se ha hecho.
