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José María Barrera Lemus
Consultor Social. 22072017
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Recientemente la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos”, presentaron ante la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa, una propuesta para evitar la aprobación de la Ley del Agua, cuya finalidad, no es más que privatizar nuestra fuente de vida.
En mis tiempos de estudiante universitario en la UCA, los sacerdotes jesuitas, cuando nos hablaban del valor de los servicios del agua, la energía y las telecomunicaciones, siempre nos insistían cada vez que podían, que ceder a la privatización de tales servicios, era estar predestinado a una muerte a pausas para los más necesitados, pues solo la podrían obtener quienes pudieran comprarla. Eran tiempos de guerra no declarada en la que ya se hablaba del tema de la privatización del vital líquido. Qué bueno que aun después de su muerte, aún se mantiene vivo dicho interés. Sin embargo, pese a tales defensas y advertencias, poco a poco se nos ha venido penetrando la idea de la privatización y vendiendo a pausas la necesidad de consumir agua potable en garrafones, botellas y bolsas, bajo el argumento de la baja calidad del agua que consumimos a diario.
Con el arribo de la derecha y el enquistamiento del neoliberalismo en nuestro país, se privatizaron los servicios de telefonía y la venta de energía, entre otros; no así el agua, aunque siempre se ha mantenido en la mesa de negociaciones de la Asamblea en espera de algún madrugón para ser aprobada. Quiero aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre el tema y exponer modestamente, algunas razones por las cuales considero que no se debe privatizar el agua.
En primer lugar, no es posible privatizar la administración del agua porque de hacerlo, se estaría violentando la Constitución, dado que esta, establece en su Art. 117, que constituye “deber del Estado, proteger los recursos naturales, así como la diversidad e integridad del medio ambiente, para garantizar el desarrollo sostenible”.
Por otra parte, declara de interés social “la protección, conservación, aprovechamiento racional, restauración o sustitución de los recursos naturales, en los términos que establezca la ley”. Permitir que el agua sea privatizada, es anticipar la tendencia a la baja del vital líquido… y la baja genera sequía… y la sequía muerte.
En los años setenta, se difundió una película interesante relacionada con este fenómeno, evocando a nuestro tiempo. Se trata de la película “Cuando el destino nos alcance”, o “Soylen Green”, como se le conoció en inglés, con el actor Charlton Heston -hoy se puede descargar en youtube1.
Pues bien, el argumento de la película relata la historia de una de las pocas familias acomodadas en Nueva York, con todos los lujos del momento, en contraste con la hambruna que se evidenciaba en las calles, y a quienes el Estado apenas les entregaba una bolsa de agua y una ración de “galletas de carne humana” para una semana.
En segundo lugar, no es posible dejar el agua en manos privadas, dado que de ser así, solo se estaría concesionando el vital líquido, a personas malintencionadas movidas solo por el afán de lucro, como sucedió con la Chacra durante los últimos cincuenta años del pasado siglo y la creación de Asociaciones Directivas del Agua y de algunas alcaldías municipales que solo generan enemistades e intereses particulares y mezquinos. El agua es patrimonio no negociable de la nación y es además, un elemento de valor incalculable, vital para la subsistencia.
Es importante conocer que el agua hoy en día y a nivel mundial, se encuentra en un proceso ininterrumpido de reducción que amenaza con desaparecer. El Salvador, no es la excepción, pues en tan solo 21,000 kilómetros cuadrados y con una densidad de 292 habitantes por kilómetro cuadrado difícilmente se libre de esta hecatombe, por lo que es imperante que en lugar de privatizarla, el Estado asuma la responsabilidad de constituir una comisión especializada, -si es que no la hay- para que comience a desarrollar perspectivas de vida y de sostenibilidad de tan vital líquido.
Algo que sí es URGENTE y que debe considerarse en el actual Gobierno, es una auditoría en todos los ámbitos de la actual Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados –ANDA, dado los constantes reclamos sucedidos, por parte de usuarios ofendidos y preocupados por los cobros excesivos aplicados sin mayor razón ni explicación.
Conociendo la idiosincrasia de nuestros políticos, es posible que quienes estén detrás de estos cobros exorbitantes, no sean necesariamente los actuales directivos, sino la secuela de trabajadores inmorales que han quedado de administraciones anteriores de derecha y que solo desean generar el caos en la población. Si no es así, mis disculpas.
¡Por el derecho al agua…!
