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El Salvador enfrenta una profunda crisis hídrica, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), es el único en la región centroamericana que se encuentra cercano a una situación de estrés hídrico (1,700 m3 per cápita por año), lo que lo sitúa entre los países en Latinoamérica y el Caribe con más baja disponibilidad de agua por habitante.
Lo sostenido por la CEPAL es alarmante, pero la realidad es aún más grave, El Salvador ya experimenta estrés hídrico, debido a que para la mayoría de la población el acceso a agua potable es incierto, porque a la escasez provocada por la deforestación y por la contaminación de las fuentes superficiales, se adiciona un problema de injusticia en la distribución; incluso en lugares donde aparentemente hay agua suficiente son los pobres los que tienen dificultad para acceder a ella; mientras que propietarios de campos de golf, compañías embotelladoras, productores de caña de azúcar y otros intereses privados utilizan toda el agua que quieran, sin pagar por ella y sin importarles la forma en que afectan a las comunidades locales.
Esta injusticia llevó, en marzo de 2006, a un grupo de organizaciones de la sociedad civil salvadoreña a presentar a la Asamblea Legislativa una propuesta de Ley General de Aguas, basada en principios como: la participación, el pleno acceso, el enfoque de cuenca, la sustentabilidad y la descentralización, con el objetivo de generar un cambio en la visión y comportamiento de las instituciones del Estado y de la sociedad, con respecto al cumplimiento del derecho humano al agua, sobre todo para los sectores más desposeídos.
Durante los siguientes años hubo otras propuestas presentadas al Parlamento, asimismo, hubo diferentes acciones de presión por parte de la sociedad para que se promulgara la Ley General de Aguas, sin embargo, no se produjo ningún resultado, debido a una fuerte tensión entre los partidos de derecha que abogan por la privatización del agua y el FMLN que defiende el agua como un derecho humano.
El 14 de junio de 2017 los partidos ARENA, PCN, PDC y GANA presentaron un nuevo anteproyecto de ley, denominado “Ley Integral del Agua”, diseñado a medida de los intereses de la gran empresa privada. Esta nueva propuesta generó un fuerte rechazo de la ciudadanía. Las organizaciones de la sociedad civil, que por más de una década han luchado por el derecho humano al agua, expresaron su preocupación y denunciaron la intensión de la derecha legislativa de entregar los recursos hídricos del país al sector privado.
Sin embargo, los resultados electorales del 4 de marzo configuraron un nuevo mapa político en la Asamblea Legislativa, allanando el camino para que la derecha avance con su propuesta, y como era de suponer lo está haciendo sin demora. Paradójicamente, el 5 de junio, fecha en que se celebra el Día del Medio Ambiente, la comisión legislativa responsable del tema ambiental acordó iniciar la discusión de la Ley Integral del Agua, ignorando todos los demás anteproyectos de ley presentados, incluso con mayor anticipación.
Al respecto el FMLN escribió en su cuenta de Twitter: Este día, valiéndose de su mayoría en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, la derecha da pasos hacia la privatización del recurso hídrico.
Por su parte, las organizaciones y movimientos sociales se encuentran en alerta y se preparan fuertes movilizaciones para los próximos días. José Santos Guevara, coordinador del Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y las Corporaciones, MOVIAC afirman: Nosotros rechazamos cualquier intento de privatización del agua, y vamos a dar la pelea en las calles para evitar que el agua se convierta en una mercancía, nuestra lucha es para que sea un bien común y un derecho humano básico.
