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Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
Recientemente se ha celebrado en nuestro país el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, en recuerdo al 17 de mayo de 1990, fecha en que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), elimino la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, un paso importante para el reconocimiento de la diversidad sexual.
Este año, el movimiento de personas trans de nuestro país, realizó un Foro y una Marcha con el lema: “Justicia y derechos humanos para las personas trans en El Salvador”. A pesar de que para ciertos sectores religiosos salvadoreños la homosexualidad, sigue siendo considerada “un desorden sexual” o un “pecado”, es innegable que desde el Estado, se han ido dando algunos pasos positivos para superar estos prejuicios y poco a poco, demasiado lentamente, ir reconociendo los derechos de las personas de la diversidad sexual. La creación de la Dirección de Diversidad Sexual en la Secretaria de Inclusión Social, el “Decreto Presidencial para evitar toda forma de discriminación publica por razones de identidad de género y/o de orientación sexual” o el “Manual autoformativo sobre Diversidad sexual”, son acuerdos institucionales, que han mostrado autonomía del Estado, respecto a los códigos penalizadores de algunas jerarquías religiosas, para el reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual.
Sin embargo, la estigmatización, el rechazo e incluso la violencia que se ejerce contra personas de la diversidad sexual y en especial a las personas trans, sigue siendo muy grave en nuestro país, llegando a los crímenes de odio.
En marzo de 2018 se introdujo en la Asamblea legislativa, una propuesta de Ley sobre Identidad de Género, para que se reconozca en la documentación de identificación la percepción que una persona tenga de ser hombre o mujer, independientemente del sexo biológico asignado al nacer. Su aprobación garantizaría el derecho de todas las personas a su propia identidad. Esperamos que las diputadas y diputados antepongan su deber de legislar para garantizar sus derechos a toda la población salvadoreña, a sus creencias religiosas y códigos morales personales, relativos a la sexualidad.
