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Oscar López
@OscarCoLatino
El Instituto para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), en coordinación con el espacio de participación ciudadana “Mujeres Constructoras de Paz y Seguridad”, realizó un diálogo con funcionarios de varias instituciones del Estado, para exponer y conmemorar la resolución 1325 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Al respecto, Yanira Argueta, directora ejecutiva del ISDEMU, comentó que el diálogo se centró en la resolución, que es aplicada a países en conflicto o post conflicto que tengan condiciones en las que no se garantizan los derechos de las mujeres.
“Entre ellos, el tema de violencia sexual, pero además el tema de la participación, reconociendo eso en el país, que además tenemos un contingente de mujeres que construyeron historia e hicieron transformaciones, hemos trabajado con este grupo gestor para atender demandas sociales, las mujeres quieren tomar decisiones, quieren participar en resolver o buscar soluciones a muchos de los problemas del país”, declaró Argueta.
María Elena Alvarado, miembro del grupo de Mujeres Constructoras de Paz y Seguridad, agregó que la mayoría de las organizaciones en el país que reivindican los derechos de la población veterana de guerra, generalmente son hombres, por lo que una de las demandas de las mujeres es que sean tomadas en cuenta en todos los ámbitos.
“Participaron en el conflicto armado, contribuyeron a la consolidación de la paz en nuestro país, por lo tanto, el Estado salvadoreño tiene una deuda histórica con las mujeres en términos de integración a la sociedad, la reconstrucción y reparación de sus derechos”, explicó Alvarado.
De igual forma, Alvarado detalló que Mujeres Constructoras de Paz y Seguridad tienen como objetivo incidir en las agendas, tanto políticas como reivindicativas de derechos, para tener “acceso a la justicia como a las plataformas de diversas leyes que se han generado”.
Alvarado indicó que una de las principales demandas de las mujeres constructoras de paz y seguridad es el acceso a salud especializada, ya que en muchas ocasiones no existe un tratamiento especializado para sus padecimientos.
La resolución 1325 de la ONU establece que los gobiernos deben implementar un comité para la implementación de dicha resolución, el que aglutina a instituciones del Estado que pretenden construir políticas públicas para apoyar a la diversidad de mujeres, tanto excombatientes como a mujeres en situación de vulnerabilidad por violencia social.
