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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Sandra Ascencio, del equipo de coordinación de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos en El Salvador (MPGR), junto a la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos (CRGR), expresaron su solidaridad con la población de los departamentos de Sacatepéquez, Chimaltenango y Escuintla, afectados por la erupción del volcán de Fuego en Guatemala.
Más de 120 organizaciones de la sociedad civil, que aglutinan a los cuatro países de Centroamérica, reiteraron en un pronunciamiento el llamado a mejorar los sistemas de alerta temprana para desburocratizar los procesos que dan atención antes, durante y después a la población, en caso de un evento de gran magnitud.
Ascencio explicó que, según informes de autoridades guatemaltecas, el evento eruptivo ha sido uno de los más fuertes desde 1974. Lamentó la pérdida de vidas que rebasan las 99 personas, y que irán en incremento a partir de los rescates que se realizan aún en la zona.
“Hay una gran cantidad de personas desaparecidas, además de las personas afectadas que rondan el millón 700 mil y 4 mil albergados, que son informes oficiales, pero que pueden ir variando según el comportamiento del volcán y la situación en la zona”, informó.
Asimismo, Gil Pintín, coordinador de la MPGR, señaló la importancia de contar con una Política Nacional de Gestión Integral de Riesgos, que cuente con un enfoque reactivo, correctivo, prospectivo y local.
“Creemos que es importante hacer una relación de este suceso en la región y en especial, nuestro país, que no escapa a este fenómeno. Creemos importante poner en alerta a las autoridades a quienes les corresponde asumir un papel protagonista para dar monitoreo, pero sobre todo, trabajar en el nivel de comunicación del Estado con la población de las zonas de vulnerabilidad”, razonó.
Mientras, Magdalena Cortez, del CRGR, consideró importante que las autoridades salvadoreñas tomen como ejemplo lo sucedido con el volcán de Fuego en el vecino país, para plantearse estrategias y medidas, y así evitar este tipo de situaciones, en el sentido de minimizar la vulnerabilidad entre la población.
“Lo que hemos venido diciendo siempre como CRGR, el tema de la prevención y la gestión prospectiva del riesgo, porque es importante que se retome y acompañamos a cada una de las socias en Centroamérica de este planteamiento”, acotó.
Privatización del agua
La última acción de los partidos de derecha en la comisión legislativa de Medio Ambiente y Cambio Climático alarmó al movimiento social y ha elevado la incertidumbre de la privatización del recurso hídrico en el país.
Para Gil Pintín, de la MPGR, es un atentado que la empresa privada tome un protagonismo relevante en la administración de un recurso natural, al que los legisladores le han negado su reconocimiento constitucional de derecho humano.
“No es que estemos en contra de la participación de la empresa privada, pero no debe ser esta la protagonista del ente rector del agua. Y está claro en la propuesta de la ANEP que ellos toman mayor número de participación y excluyen a la sociedad civil organizada, eso es un desbalance claro, y solo dejan un lugar para la sociedad(…) y eso es aislar, es excluir. Por eso nos declaramos en Alerta Permanente, frente a cualquier intento de la derecha de privatizar el agua”, puntualizó.
