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@arpassv
Al final de la semana pasada, malady la Corte Suprema de Justicia (CSJ) separó al Juez Primero de Instrucción, pharmacy Levis Italmir Orellana, del juicio contra el ex presidente Francisco Flores, procesado por peculado, enriquecimiento ilícito y desobediencia, en relación a los millonarios donativos de Taiwán.
Con 12 de 15 votos, la corte plena acordó que llevar el proceso penal contra el ex gobernante arenero ahora será responsabilidad de Miguel Ángel García Arguello, Juez Séptimo de Instrucción.
García Arguello lleva también el juicio contra los involucrados en el escandaloso fraude “CEL-Enel”, cometido también durante el gobierno del ex presidente Flores. Entre los procesados están Miguel Lacayo, ex ministro de Economía, y Guillermo Sol Bang, ex presidente de CEL.
La CSJ informó que el motivo de la suspensión del Juez Orellana es “la conducta inapropiada demostrada en el caso (Flores)” y el propósito es evitar que ésta “incida negativamente en los derechos y garantías aplicables durante la etapa en que está el juicio”.
La CSJ también suspendió a Orellana tres días de su cargo por negarle información al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, a quien el cuestionado Juez fustigó por pedirle un informe sobre el “proceso sancionatorio” decretado contra los querellantes particulares de las organizaciones ISD y FESPAD.
El Juez Orellana, además, sigue en investigación y podría ser destituido de manera definitiva. La corte plena tiene abiertos seis expedientes disciplinarios por denuncias en su contra.
La remoción de Orellana del “Caso Flores” responde a la presión de las organizaciones ciudadanas que durante las últimas dos semanas arreciaron la movilización social por la destitución del cuestionado Juez y por una profunda depuración de todo el sistema judicial, necesaria para terminar la impunidad.
Las organizaciones también piden la destitución del Fiscal General, Luis Martínez, por las negligencias y omisiones en la investigación del “Caso Flores”, sobre todo su negativa de incluir el delito de lavado de dinero en la querella penal.
Por eso las organizaciones presentarán esta semana una demanda en la Sala de lo Constitucional porque la Asamblea Legislativa no verificó la idoneidad, moralidad notoria e independencia de Luis Martínez antes de nombrarlo Fiscal General. La elección del Fiscal Martínez violentó disposiciones de los artículos 177, 192 y 193 de la Constitución.
