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Mauricio Ramírez Landaverde, Ministro de Justicia y Seguridad. Foto Diario Co Latino

Ministro de Justicia considera positivo aprobación de reformas penales

@JoakinSalazar

Mauricio Ramírez Landaverde, medical Ministro de  Justicia y Seguridad Pública, here calificó de positiva la aprobación de las reformas penales, click recientemente, por la Asamblea Legislativa, las cuales vendrán a sumarse al esfuerzo y combate de la criminalidad en el país.

“Las reformas que fueron aprobadas, por la Asamblea Legislativa, las cuales fueron presentadas por el Fiscal General de la República, habían atravesado ya el proceso de consenso, práctica que ya hemos mantenido con los diputados, fiscalía y demás instituciones con la que estamos trabajando, situación que se suma a la implementación de las medidas extraordinarias”, afirmó.

Para el Ministro, las reformas penales aprobadas buscan  actualizar la legislación penal, en algunos aspectos, que se consideraban que debían apegarse  a la realidad social que el país está viviendo.

“Compartimos la facultad de ordenar y permitir la privación de libertad de los menores de edad, si bien es cierto era una facultad que tenía el juzgador, pero el investigador no tenía esa facultad”, explicó.

El Ministro fue enfático en explicar que con estas disposiciones, el país no está pasando a los menores a un procedimiento penal de adulto: “En ningún momento los menores de edad constitucionalmente están inmersos en un proceso especial y garantías de las que no cuentan los mayores de edad”, agregó.

Ramírez Landaverde aseguró que la única diferencia es que la Fiscalía antes no podía emitir orden de detención y de privación de libertad a menores, hoy sí está en la capacidad.

“Antes como policía teníamos la capacidad solo de detener a un menor, ya sea en flagrancia o con orden del juez, pero hay muchos casos, donde la práctica ha demostrado, que es necesario que  por la prontitud que se requiere, hay que proceder a su captura, aun no siendo en periodo de flagrancia, esa posibilidad la tendremos hoy a través de la disposición que faculta al Fiscal para emitir una orden escrita para proceder a la detención de un menor”, explicó el titular de Seguridad.

En cuanto a las reformas del artículo 345, del Código Penal, específicamente en el caso de las agrupaciones ilícitas, dijo que “es necesario  actualizar a las nuevas realidades que atraviesan a los criminales. Una de esas es conseguir beneficios o buscar no aplicar la ley a través de una negociación o una acción similar, es buscar beneficios no contemplados por la Ley, hecho que no se perseguía penalmente”.

Ahora, cualquier persona que incurra en una conducta que ya está tipificada, tal como queda en el delito de agrupaciones ilícitas, esta persona debe ser perseguida, esto incluyendo a mediadores y quienes brinden beneficios, a estos se les condenará entre cinco a quince años de cárcel.

“En igual sanción incurrirán quienes, en calidad de intermediarios, negociadores, mediadores, interlocutores u otras semejantes, promuevan o participen en las conductas”, afirma el artículo 345 del Código Penal.

Vídeo de Masacre

En otros temas, el Ministro lamentó la publicación de un vídeo de la masacre de once personas en San Juan Opico, e instó a los medios de comunicación abonar a la paz social, a través de la no publicación del vídeo, en la que claramente se observa el asesinato de las personas.

“Con mucha más razón, dado que son procesos investigativos, y que una información de esta naturaleza puede comprometer el resultado de los casos de investigación, consideramos que dado un caso de tal gravedad y de tal magnitud es importante para todos que se llegue la verdad”, dijo.

Ramírez Landaverde espera que las instituciones correspondientes van a resolver el caso, a la menor brevedad posible, sin embargo “un hecho como éste, es de obligación de los ciudadanos poner en conocimiento de la autoridad respectiva cualquier información obtenida por diferentes medios”.

El ministro no detalló si el vídeo corresponde al asesinato de los once trabajadores en San Juan Opico, la investigación y el poder judicial determinarán el valor como elemento probatorio.

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