Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Como un acto de celebración por lograr la prohibición de la minería metálica en el país, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, en conjunto con la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) y la organización humanitaria Oxfam, desarrollaron un foro sobre los impactos de la minería.
La conferencia denominada “La minería metálica, una valoración sobre impactos, transparencia y fiscalidad”, abordó la situación de los países del Triángulo Norte donde esta industria está muy lejos de considerarse una alternativa de desarrollo y reducción de la pobreza.
Según dicho estudio, la minería metálica no representa crecimiento económico ya que en Guatemala, Honduras y El Salvador esta actividad no sobrepasa el 1% del Producto Interno Bruto (PIB). Es decir que en el caso salvadoreño, de cada cien dólares de gasto del Gobierno Central, el aporte tributario de las actividades extractivas era de tres centavos.
Para expertos como Andrés Mckinley, la decisión tomada por la Asamblea Legislativa días atrás fue acertada ya que con ello se cierran las puertas a cualquier empresa minera que en base a falacias, como la minería responsable o verde, quieran lucrarse a costa de la salud y la vida de las personas.
“Con esta decisión le decimos a Oceana Gold y a cualquier otra empresa, no más mentiras sobre minería verde o responsable tratando de engañarnos diciendo que la tecnología minera ha avanzado a un punto en que ya no genera daños al medio ambiente, que el factor de riesgo es casi cero, solo basta con mirar los desastres que sigue generando a nivel mundial esta industria para saber que es mentira”, expreso Mckinley.
Mckinley agregó que este mensaje no está motivado por el odio, ya que cada una de las dos partes defiende sus intereses, las organizaciones sociales protegiendo su derecho a la vida, la salud y un medio ambiente sano y Oceana Gold, tratando de imponer su derecho a la acumulación de riqueza.
Raquel Caballero, titular de la PDDH, por su parte se adhirió al mensaje de Mckinley diciendo que “las promesas de desarrollo económico y de fuentes de trabajo estables y bien remuneradas que como cantos de sirena pretenden acumular apoyo social, político e institucional hacia este tipo de industrias y son razonablemente cuestionados en esta investigación, en la que se concluye que en las comunidades donde existe explotación minera los índices de pobreza no han cambiado y la inversión social incluso se ha deteriorado”.
La procuradora ejemplificó el caso del cantón San Sebastián, en Santa Rosa de Lima, La Unión, donde pese a que la explotación minera se inició en los años 70´s en la actualidad solo queda pobreza y contaminación.
Tanto Mckinley, como la procuradora coincidieron que este triunfo logrado en el país mediante la aprobación de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica es también un homenaje a Dora Sorto, Ramiro Rivera, Marcelo Rivera y Juan Francisco Durán, cuatro activistas en defensa del medio ambiente quienes fueron asesinados y los responsables de estos crímenes aún siguen libres.
