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José Acosta
La “minería responsable” es un término creado por las agencias de publicidad de las grandes empresas mineras para formar la imagen que la minería a gran escala es “responsable” fiscal, ambiental, y socialmente. El paquete publicitario incluye la idea de que todos los problemas de la minería son estrictamente técnicos y que se pueden resolver con tecnología moderna. Lo cierto es que no existe ningún tipo de tecnología que evite los graves daños que esta industria ocasiona en el medio ambiente y en las personas.
Está demostrado hasta la saciedad que la minería metálica a gran escala es nociva para el medio ambiente y para la salud pública; el uso de potentes venenos como el cianuro, la remoción de montañas y excavación a gran profundidad causan irreparables afectaciones a la biodiversidad, suelo, agua y aire, así mismo, provocan enfermedades durante generaciones. Esto sugiere que la minería es en esencia una industria irresponsable.
La experiencia en El Salvador demuestra claramente la hipocresía y la doble moral de este tipo de empresas. A su llegada al país, el presidente de la Pacific Rim declaró públicamente: “Queremos invitar al pueblo salvadoreño a que sea nuestro socio”, y en un comunicado de prensa publicado el 31 de mayo de 2006, expresó: “Creemos que el país merece una oportunidad de desarrollo”; no obstante, cuando en 2009 el gobierno le negó el permiso de explotación de la mina El Dorado, esta misma empresa que nos invitó a ser sus socios, demandó al Estado salvadoreño por 250 millones de dólares.
En 2013 la minera australiana Oceana Gold adquirió las acciones de la Pacific Rim y continuó con la demanda provocando que el Estado siguiera gastando en el arbitraje, hasta sobrepasar los 13 millones de dólares en su defensa, dinero que bien podrían haberse utilizado en programa de educación o salud, y cuando el tribunal falla en su contra y le ordena pagar 8 millones de dólares al Estado salvadoreño, simplemente no los paga. Entonces hay que preguntarse ¿es eso minería responsable?
También es irresponsable el discurso de generación de empleo y desarrollo social a sabiendo que es mentira. En un estudio realizado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA, se expone que los beneficios más significativos son para los dueños de las empresas y que los costos quedan en las comunidades más cercanas, generando una relación clara y preocupante entre minería metálica y pobreza. El mismo estudio documenta algunos ejemplos: En la última década, Mali en África aumentó su exportación de oro en un 75%; sin embargo, sigue siendo el tercer país más pobre en el mundo. Bonanza en Nicaragua lleva más de 100 año de minería de oro; no obstante, el 40% de la población vive en la absoluta pobreza.
Otra de las falacias que con frecuencia repiten los piratas modernos de la minería, es su aporte a la economía del país, en lo referido al pago de impuestos, para el caso de El Salvador la Oceana Gold ha declarado que de permitírseles la explotación de la mina El Dorado estarían aportando al país entre $100 y 200 millones de dólares en impuestos durante la operación de la mina; sin embargo, las grandes empresas mineras son campeonas en evadir el pago de tributos, en la mayoría de los caos estas empresas no garantizan transparencia para fiscalizar sus actividades.
Pero el asunto más importante en este debate es la opinión de los ciudadanos, la población tiene el derecho de ser consultada antes de que se lleve a cabo cualquier actividad que afecte sus formas tradicionales de vida, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, sin el respeto genuino a la decisión de la gente, la minería responsable es una farsa. Y en El Salvador el pueblo ya ha expresado un absoluto rechazo a esta industria de muerte.
