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Mientras no se reforme hay que respetar la Constitución y sus leyes secundarias

Está claro que el gobierno del presidente Nayib Bukele está decidido a reformar la Constitución a como de lugar, aprovechando su gran popularidad, independientemente de que no se sigan los procedimientos que la Carta Magna establece. Según la Constitución, la modificación o reforma de la Constitución deben promoverla al menos diez diputados de la Asamblea Legislativa. Justamente, el Art. 248 de la Constitución establece: “La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos. “Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial”.

“La reforma únicamente puede ser propuesta por los diputados en un número no menor de diez. “No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República”. Los dos últimos incisos, sin lugar a duda, deberán ser de mucho análisis, por un lado, porque quienes promueven las reformas son los diputados y no el Ejecutivo, pero, además, está el tema de los artículos pétreos, en este caso recogidos en el último inciso del artículo citado.

No obstante, el presidente Bukele no ha recurrido a sus diputados aliados, es decir, los de GANA (partido oficial), el diputado de Cambio Democrático, y media bancada del partido PCN, sino que ha recurrido a nombrar una Comisión bajo el mando del vicepresidente de la República, Félix Ulloa. El nombramiento fue hecho por decreto ejecutivo del 24 de agosto del presente año.
El vicepresidente de la República, por cierto, presentó el sábado oficialmente al equipo de abogados que realizará el estudio y propuesta de reformas a la Constitución de la República. El equipo lo conforman el Dr. José Fabio Castillo, excoordinador general del FMLN, el Dr. Manuel Ernesto Escalante, el Lic. Giovanni Alberto Rosales Rosagni y el Lic, Adolfo Gerardo Muñoz Cisneros, designado como secretario del equipo.

Habrá que esperar, entonces, cuál será el enfoque de este equipo en cuanto a las reformas, pues, si bien la Constitución no está exenta de reformas, habrá que ver cuales son las prioridades o los énfasis desde los intereses del presidente Bukele y su vicepresidente.

Pero más allá de que las reformas, según la Constitución no le corresponden al Ejecutivo, lo cierto es que ya está sobre el carril y nadie los detendrá. Es de esperar, entonces, en donde termina este esfuerzo.

Ahora bien, mientras la Constitución no esté reformada, el actual Gobierno tiene la obligación de respetarla, así como las leyes secundarias que han emanado de aquella.

En este sentido, hay que decir que el actual Gobierno está violando no solo la constitución, sino la ley de policía al nombrar a su director, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, como viceministro de Seguridad.

El artículo Art. 5 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil, en lo referente al director dice: “Para ser director general de la Policía Nacional Civil se requiere: Ser salvadoreño por nacimiento, mayor de treinta años de edad, del estado seglar, con título universitario, de moralidad y competencia notoria, estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los diez años anteriores a su nombramiento. El cargo de director general de la Policía Nacional Civil es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, excepto las actividades de carácter docente y cultural (el subrayado es nuestro)”.

La ley es clara, el director de la PNC no puede ejercer otras funciones que la de carácter docente o cultural. El Viceministerio de seguridad, creado para el director Arriaza Chicas, es incompatible con su cargo de director de la PNC. El presidente debió pedir a sus diputados modificar ese inciso de la Ley Orgánica de la PNC, para nombrar al Director como viceministro.

Está claro lo que el presidente pretende, pero es necesario que sus asesores le hagan ver, que antes de acomodar la estructura del Estado a sus deseos, debe, antes, cambiar las leyes que se lo impiden, así como quiere modificar la Constitución, pero no debe actuar de hecho o de forma paralela a las reformas. Primero, debe hacer las reformas y luego aplicarlas, de lo contrario es una clara violación a la ley, sobre todo a la Constitución que un día juró defender y respetar.

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