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Mandatario señala que «no es proselitismo electoral denunciar corrupción de gobiernos anteriores»

@JennyCoLatino

El presidente Mauricio Funes respondió hoy a ARENA y al movimiento Aliados por la Democracia, cialis que denunciar los casos con indicios de corrupción de ex funcionarios no es proselitismo electoral, sino un
deber como jefe de Estado.

De acuerdo al mandatario, las instituciones ANEP y FUSADES y el partido ARENA han tratado de «silenciar su voz» solicitando que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) prohibiera la emisión de Conversando con el Presidente de este día, una situación que los magistrados desestimaron.
El gobernante indicó que el TSE no podía silenciar su programa pues constituiría «censura previa».

Asimismo, manifestó que a lo largo de sus emisiones no ha realizado proselitismo electoral, pues nunca ha solicitado el voto para alguna fórmula presidencial.

«Poner al desnudo la verdad sobre el complejo mecanismo que ARENA uso por 20 años para poner al gobierno al servicio de unos cuantos y en detrimento de las grandes mayorías ¿puede considerarse proselitismo?», cuestionó el mandatario.

Acaso, cuestionó el jefe de Estado, «es proselitismo develar las irregularidades del contrato CEL-ENEL que ha puesto en peligro que el país pierda el control de la generación geotérmica, o poner al descubierto las millonarios fondos que recibió de Taiwán el expresidente Francisco Flores, que puede ser el caso más grande de corrupción en la historia reciente del país».

Del mismo modo, recordó otro de los casos de presunta corrupción en el que estaría involucrada la expresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, por supuesta malversación de un fideicomiso para la generación de empleos.

«15 empresas se vieron favorecidas, pero cuatro de ellas obtuvieron el fideicomiso en una forma irregular, que puede derivar en delito penal, que puede derivar en crimen», argumentó.

Por lo que remarcó que «esto no es hacer propaganda electoral, es mi deber poner en evidencia este modus operandi con que ARENA utilizó el gobierno para favorecer intereses corporativos».

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