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Los Angeles / AFP
Javier Tovar
Tres madres indocumentadas demandaron en la justicia estadounidense al gobierno del presidente Donald Trump para exigir que sean reunidas con sus hijas, de quienes las apartaron cuando fueron detenidas al pedir asilo en la frontera.
El recurso fue introducido el martes en una corte federal de California por el centro legal Public Counsel y la firma Sidley Austin LLP, y denuncia la política «inhumana», «cruel e innecesaria política de separar padres refugiados de sus niños».
La acción se une a la introducida en San Diego por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU del inglés) y a otra en Seattle, también por la separación «extendida de familias».
«Cada minuto que esos niños continúan en custodia y separados de sus padres se construye un daño emocional», dijo Mark Rosenbaum, directivo de Public Counsel, citado en un comunicado. «Lo que estos niños están experimentando es inconsciente y contrario a lo que somos como gente».
La demanda exige la reunión inmediata de estas madres -todas centroamericanas- con sus hijas y su liberación para recibir una terapia que les permita «abordar el trauma de la separación».
Dieciocho estados presentaron el martes una demanda ante una corte federal estadounidense -anunciada la semana pasada- contra esta política, que el presidente Trump ha revertido parcialmente, prohibiendo por decreto la separación de padres y niños.
El gobierno ha dicho que más de 500 niños fueron reunidos con sus padres y según Kevin McAleenan, director de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, los padres que crucen ilegalmente ya no son procesados, parte central de la política de «tolerancia cero».
«No estamos procesando a esos padres», dijo, según la web Politico.
«Nerviosa y ansiosa»
Con la «tolerancia cero» migratoria, que según la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, sigue vigente, al menos oficialmente, todo indocumentado es procesado por entrar ilegalmente en el país.
Y como la ley no permite que un niño esté detenido más de 20 días, las autoridades separaron a más de 2.000 niños de sus padres en un mes, generando una fuerte condena nacional e internacional.
Entre ellos están las tres demandantes centroamericanas, detenidas en los estados de California y Washington, y sus hijas –todas chicas-, quienes fueron trasladadas a Arizona y Texas.
Una de ellas, identificada como la señora P, de 37 años y natural de Guatemala. No habla español, solo un dialecto maya, y según su abogada Judy London, «no tenía conocimiento del paradero de su hija» de 16 años, con quien fue detenida el 21 de mayo y colocadas en un «celda fría», sin camas, donde por días solo comieron sopa.
P explicó que huyó de su país porque «su expareja le pegaba, abusaba sexualmente de ella y amenazó con matarla».
Su hija, L, fue interrogada sin la presencia de su madre, según su abogada, Lucero Chávez.
Otra de las demandantes, la señora M, salió de El Salvador huyendo de su esposo, un exmilitar que amenazaba con maltratarla. Contó, según su abogado, Luis Cortés Romero, que un oficial de inmigración se burló de su hija por no parar de llorar y otro le lanzó unas galletas y agua al piso para que lo recogiera negándose a dar «tratamiento de hotel cinco estrellas».
«La señora M tiene la sensación que no verá a su hija de nuevo».
La tercera demandante es la señora O, de Honduras.
Emigró luego que «las pandillas amenazaran a su familia por no pagar un dinero de extorsión y porque [su hija de 16 años] T.B. se negó a involucrarse con un pandillero».
«La señora O tiene dificultad para hablar sobre la separación con su hija y se muestra nerviosa y ansiosa».
