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Los separatistas prorrusos quieren movilizar a unos 100.000 combatientes

Por Simon Valmary
Donetsk/AFP

Los separatistas prorrusos prometieron este lunes movilizar a 100.000 combatientes para extender su ofensiva en el este de Ucrania, mientras Estados Unidos meditaba el envío de armas a las fuerzas de Kiev, superadas en el terreno, tras el fracaso de las últimas negociaciones sobre un alto el fuego.

Los rebeldes anunciaron su ambicioso plan para ampliar un conflicto que dejó a al menos 5.100 muertos en nueve meses, mientras luchaban por rodear y tomar la ciudad estratégica de Debaltseve.

«Habrá una movilización general en la [autoproclamada] República Popular de Donetsk en los próximos 10 días, planeamos movilizar a 100.000 hombres», declaró el dirigente de la región rebelde, Alexandre Zajarchenko, a la agencia separatista DAN.

Los combates se han intensificado en los últimos días en el corazón industrial de Ucrania, donde murieron cinco soldados de Kiev y al menos tres civiles en 24 horas, según las autoridades locales.

Más de 50 personas perdieron la vida en los enfrentamientos durante el fin de semana, mientras el sábado fracasaba el último intento de encontrar una salida al conflicto en Minsk.

El portavoz del ejército ucraniano, Volodymyr Polyovyi, dijo el domingo en Kiev que «batallas constantes» se producían en torno a Debaltseve, que conecta las capitales separatistas de Donetsk y Lugansk. Aseguró, sin embargo, que sus tropas no abandonarían sus posiciones en la ciudad.

Apoyo letal

La escalada de violencia se produce mientras Washington y la OTAN parecen plantearse suministrar armas a las fuerzas ucranianas, informó el New York Times el domingo.

El gobierno estadounidense estudiaba la posibilidad de proveer «apoyo letal», además de la ayuda no letal como chalecos antibalas y material médico que ya proporciona a Kiev, indicó el diario norteamericano.

«Es necesaria una estrategia global, y estamos de acuerdo en que el material defensivo y las armas deberían formar parte de esa discusión», declaró un oficial del Pentágono al New York Times.

El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, viajará el jueves a Kiev para reunirse con el presidente ucraniano, Petro Poroshenko, y el primer ministro, Arseni Yatseniuk.

Occidente y Kiev acusaron en varias ocasiones a Moscú de enviar tropas y armamento a los rebeldes y de liderar su última ofensiva en el este del país, una acusación que el Kremlin siempre rechazó.

Los separatistas disponen, no obstante, del mismo armamento pesado que un ejército regular, un material que, según ellos, le robaron a las tropas ucranianas.

‘Fracaso de las conversaciones’

El presidente francés, François Hollande, la canciller alemana, Angela Merkel, y Poroshenko hablaron el domingo por teléfono, y lamentaron el «fracaso de las conversaciones» en Minsk.

Los tres líderes volvieron a pedir «un alto el fuego inmediato», indicó la presidencia francesa.

Los mediadores y los representantes ucranianos acusaron a los separatistas de arruinar las negociaciones de paz del sábado, a pesar de la presión internacional para poner fin a los combates.

La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que participa en las conversaciones junta a Moscú, afirmó que los emisarios rebeldes en Minsk «no estaban ni siquiera preparados a discutir la puesta en práctica de un alto el fuego y la retirada del armamento pesado».

Los representantes separatistas pidieron, al contrario, que se revisará totalmente el primer plan de paz firmado en septiembre con el aval de Moscú en la capital bielorrusa, indicó la OSCE en un comunicado. El documento servía de base para las nuevas conversaciones de paz.

Los rebeldes aseguraron que ahora quieren dibujar una nueva línea de demarcación que incluya los territorios que conquistaron en las últimas semanas.

Los insurgentes criticaron el domingo a la OSCE por acusarlos del fracaso de la reunión y afirmaron que Kiev tenía que dejar de disparar antes de que acepten un alto el fuego.

La Unión Europea decidió el jueves prolongar durante seis meses las sanciones que adoptó en marzo contra personalidades separatistas prorrusas y rusas, después de que Moscú anexionara la península de Crimea.

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