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Ricardo Olmos
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Economista
La deuda pública y particularmente el déficit fiscal son temas de elevada importancia que han sido tratados en los últimos años, cialis sale y mayormente, luego de la crisis de 2008 como consecuencia de los salvatajes económicos financieros realizados por los Estados de los países de Europa y de los Estados Unidos de Norte América.
En el caso de la economía salvadoreña, con las debilidades conocidas de su aparato económico, el crecimiento de la deuda pública se hizo más presente, pues al revisar el comportamiento para el año 2009 el saldo sumaba $11,173.5 millones, y ya para el año 2014 alcanzó la cifra de $15,697 millones. Una breve síntesis bastante apretada de la evolución de la deuda pública total para los últimos tres ejercicios presidenciales indica que durante la administración de Francisco Flores la deuda pública incrementó en 69.0%; en la administración de Antonio Saca subió 53.0% y en la administración Funes creció 40.5%.
Pero, lo que puede hacer explosivo y más inquietante esas cifras, es la tasa de interés real a la que hay que pagar esa deuda, ya que al multiplicar estas dos variables (la tasa de interés real y el nivel de la deuda), nos indica el peso del financiamiento que se debe de pagar cada año a los acreedores internacionales que en total representa el 3.2% del PIB para finales de 2014.
Esta evolución, de por sí, preocupante de la deuda pública, junto al lento y bajo nivel del crecimiento de la economía salvadoreña, ha llamado la atención del Fondo Monetario Internacional, FMI, institución que ha convocado a la sociedad salvadoreña de manera oportuna a participar en un “debate público activo” para alcanzar acuerdos básicos en materia de crecimiento económico y las medidas para reducir el déficit fiscal.
Y en efecto, esa invitación es realizada en el artículo publicado en el sitio web del FMI: “El Salvador: transición para elevar el crecimiento y reducir la deuda” de Mario Garza y Bogdan Lissovolik, 2015.
La recomendación de los articulistas es que para “mejorar la economía del país se requiere de una estrategia con dos pilares: un ambicioso ajuste fiscal para reducir la deuda pública y medidas de oferta para elevar el crecimiento y crear más empleo”. La preocupación es que el déficit fiscal no pase del 4% observado en el 2014 al 5.5% en el 2019.
Pero, ¿Por qué insistir en la reducción del déficit fiscal cuando los resultados actuales sobre esa problemática son mejores que los resultados pasados? ¿Por qué asumir como prioridad política ese detalle? Existe el consenso de sanear las finanzas públicas, pero eso no indica, ni justifica que deben desaparecer todas las transferencias que realiza el Estado, o que se deban de realizar medidas de ajuste al estilo del FMI, que podría generar más desequilibrios económicos y sociales; ¿O se debe aplicar un proceso de austeridad severo para reducir a menos del 3.7% el déficit fiscal ya alcanzado en el año 2014?
En el informe anual y en el mismo artículo citado, no se analiza más que los últimos tres años, sin destacar que durante el año 2009 se cerró con un déficit fiscal de 1,142 millones de dólares, equivalentes al 5.7% del PIB, y ya para el año 2014, se había reducido a menos del 4.0% del PIB, manteniendo los programas sociales ya conocidos. Lo que sorprende de “las recomendaciones” del FMI es que se exhorte al incremento del Impuesto al Valor Agregado, (IVA) y el impuesto a la propiedad, y además indique que “debe revertirse la trayectoria ascendente de la masa salarial del gobierno”. También, se propugna por “reducir las cuantiosas obligaciones del sistema de pensiones que hoy asciende a más del 90% del PIB”. En mi opinión personal, esas medidas u objetivos de llevarse a cabo impactarían inmediatamente con un proceso recesivo de la economía salvadoreña reduciendo la demanda agregada, y por consiguiente afectando el consumo, la producción e inversión y el empleo. Las considero esas medidas como “temerarias” por la misma debilidad del aparato productivo salvadoreño. Si Costa Rica posee el 18.5% en concepto de ventas internas en relación al monto total de ingresos tributarios, El Salvador en materia de ingresos procedentes del IVA alcanza la cifra de 45.6% ¿Es equitativa la estructura tributaria en el país? Parece que no…
Se sabe que cualquier déficit fiscal puede ser el resultado de elevados gastos, pero también puede ser por los niveles reducidos de ingresos tributarios. Pero ¿Por qué proponer el ajuste con medidas impositivas más regresivas, es decir afectando a los que poseen menos patrimonio e ingreso?
Reducir la masa salarial que gasta el gobierno en servicios públicos es contraproducente cuando lo que se debe de hacer es que se eleven las capacidades institucionales con un Estado que proporcione lo que el mercado nunca realizará: educación de calidad, ampliación de la cobertura de la salud pública con mejores hospitales, saneamiento ambiental, servicios básicos al alcance de la familia salvadoreña, etc. son derechos fundamentales y consagrados en los principios universales aceptados por las Naciones Unidas y que están plasmados en la Constitución de la República de El Salvador.
El otro pilar referido a la oferta y las medidas o recomendaciones asociadas que se mencionan en el referido artículo es “promover diversificación de la economía, simplificar los trámites para las empresas, mejorar la seguridad pública, reducir los costos de la energía y modernizar la infraestructura física”.
A lo largo de los años, la literatura económica aconseja la importancia de promover la inversión privada y pública ¿O no es cierto que los países con crecimiento acelerado de los últimos cuarenta años, sus resultados positivos han sido por haber impulsado y favorecido el cambio estructural, y no solamente por asumir ese tipo de medidas, que si bien son importantes, pero no son suficientes para generar mayor demanda y oferta intersectorial en el mismo aparato económico salvadoreño?
¿Es preferible seguir ajustando el déficit y llevarlo a menos del 3.0% generando brechas sociales que profundicen la pobreza en El Salvador? Este no es más que otro desacierto del FMI. Pienso y estoy convencido que a nadie le conviene ampliar las brechas sociales, que de por sí, ¡ya son preocupantes!
