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José M. Tojeira
Desde la proclamación universal de los derechos humanos ha habido un proceso importante de protección de los derechos civiles y políticos. Sin embargo los derechos sociales han quedado relativamente al margen. En general, prescription cuando se violan derechos políticos o civiles, especialmente si tocan o limitan la libertad de la persona, hay abundancia de medidas y de posibilidades de reclamo judicial. Las violaciones de derechos sociales en cambio no tienen acceso a la judicialización. El trato que se le da a los refugiados y migrantes muestra con frecuencia las limitaciones en este campo. Como muestra baste recordar las declaraciones de un juez de migración norteamericano que recientemente decía que los niños migrantes no necesitaban un abogado en los procesos de deportación. En general la gente sabe defenderse de detenciones ilegales, allanamientos de morada, mal funcionamiento de las instituciones públicas. Pero judicialmente es raro que alguien reclame un derecho social en un juzgado. Por ejemplo, si una comunidad campesina no tiene acceso fácil al bachillerato, nadie le pide al sistema judicial que repare la violación del derecho a la educación. Y aunque en el campo de la salud se ha aumentado últimamente la presencia de médicos y enfermeras en comunidades antes abandonadas, son pocas las reclamaciones en juzgados acusando al Estado de no brindar los derechos de salud garantizados por la Constitución. En el campo de la justicia social el olvido de los derechos es mucho mayor. Incluso si uno piensa que una medida que pretende regular derechos sociales es injusta, es difícil o casi imposible iniciar una demanda en un juzgado. La clara violación del derecho a un salario decente, violada por la estructura vigente que regula el salario mínimo en El Salvador jamás ha sido presentada en un juzgado y señalada como una violación al derecho garantizado por la Constitución de disfrutar de justicia social.
El Salvador, además de reconocer derechos sociales en su Constitución, firmó el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales el año 2009, y posteriormente lo ratificó en el 2011. La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador no gubernamental ha publicado hace poco un comunicado recordando tanto la obligación del Estado de respetar y cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales, así como el derecho de los salvadoreños a reclamar dichos derechos judicial e incluso internacionalmente. La Comisión hace así un recordatorio fundamental al Estado y al pueblo salvadoreño. Acostumbrados a escuchar reclamos referidos a las libertades individuales, es importante que caigamos en la cuenta que los derechos sociales son tan importantes como los individuales. No están en contraposición con ellos. Al contrario, los derechos individuales, por más que se proclamen, son irrealizables para la gran mayoría si no están garantizados los derechos económicos, sociales y culturales. Cuando hablamos de corrupción en nuestro sistema judicial no solo nos referimos a la corrupción del soborno y la compra de voluntades. Tener un sistema judicial frente al cual no se pueda prácticamente reclamar derechos sociales básicos es también una forma de corrupción de la democracia.
Entre los derechos que los estados se comprometen a observar en este Pacto, con el valor de tratado internacional y a través del protocolo facultativo del mismo, están el derecho al trabajo, a la justa remuneración (salario decente) y a la seguridad social. Con más del cuarenta por ciento de la población subempleada, con una regulación vergonzosa de los salarios mínimos legales, que no alcanzan a “satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural” (Art 38 de la Constitución), y con un sistema de seguridad social que prácticamente deja fuera del mismo a un sesenta por ciento de la población económicamente activa, nos encontramos una vez más con la desfachatez característica de nuestros políticos que hablan de derechos como si realmente todos disfrutáramos de igual dignidad e idénticos derechos. Puestos a hablar o a firmar protocolos y tratados, nos mostramos con frecuencia como un país abierto y progresista. Pero al mismo tiempo nos despreocupamos de la población que vive en pobreza o en privaciones que no podemos llamar menos que injustas.
El Salvador debe revisar en serio el tema de los derechos económicos, sociales y culturales si quiere incorporarse al futuro. No somos con seguridad el único país que firma y no cumple, o no se esfuerza por cumplir tratados, especialmente los internacionales y relativos a derechos humanos. Pero precisamente por esa razón tenemos la crisis de violencia que tenemos. Mientras no vinculemos en serio la problemática de seguridad con las deficiencias en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales no terminaremos de superar la terrible violencia actual. Estos derechos sociales requieren recursos e inversión del Estado. Y ahí es donde se detiene normalmente el desarrollo de los mismos. A pesar de que la riqueza se produce colectivamente, el reparto de la misma tiene demasiadas presiones y decisiones individuales encima, que muchas veces impiden la captación de recursos en beneficio de todos. Otras veces es la mala administración del dinero público o la misma corrupción que, impregnada en distintos sectores de la sociedad, impide que los recursos lleguen a donde deberían llegar. Será difícil avanzar en la pacificación del país mientras la respuesta preferencial que sabemos dar a la delincuencia es el aumento de soldados y policías en las calles. Revisar y aumentar los impuestos de quienes tienen más, invertir más en la gente, es el camino más adecuado.
