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Dr. Víctor M. Valle
La noticia es conmovedora, cialis sale aún para México tan habituado en los últimos tiempos a hechos crueles y violentos asociados con el narcotráfico y otras perversidades: el 26 de septiembre de 2014 unos policías de Iguala, Estado de Guerrero, México, balacearon unos buses que transportaban estudiantes de magisterio, mataron una media docena y secuestraron 43. Más de dos semanas después, no se sabe el paradero de los desaparecidos aunque se presume que muchos de ellos, o quizá todos, fueron asesinados, calcinados por sus captores.
El hecho, doloroso, permite reflexionar sobre las inseguridades en El Salvador cuando, coincidentemente, se conoce la amenaza que pende sobre nuestros centros educativos y que, recientemente, se concretó en una violenta visita de delincuentes al Centro Escolar de El Espino Abajo, Zacatecoluca.
Los jóvenes, sobre todo los de hogares pobres, están siempre en la mira de la delincuencia pues en ellos ven sus fuentes de información y futuros miembros. Los jóvenes pobres son vulnerables para que la delincuencia los maltrate y los coopte.
Ahora que hay un Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia, seguramente la variada representación social en el Consejo, hará posible que se hagan propuestas factibles y eficaces que aborden la seguridad poniendo en el centro a los jóvenes, que son víctimas y victimarios fundamentales. La decisión política del gobierno para instrumentar las medidas que el Consejo recomiende, es, sin duda, sincera y firme. Los miembros de la Comisión tienen los atributos para entender que la delincuencia y las violencias concurrentes no son fenómenos asilados y que la violencia y la inseguridad hay que abordarlas integralmente. Eso se ha dicho hasta la saciedad.
Los nutrientes principales de tales desviaciones sociales son la rampante desigualdad social, la carencia de empleos justamente remunerados en labores dignas y decentes, la educación alienante y de baja calidad, la deficiencia crónica en materia de planificación estratégica para el cambio social y, no está demás reiterarlo, la corrupción y la grosera impunidad alimentada por una sistema de justicia con muchos operadores corruptos o incompetentes.
Ese es el trasfondo de las violencias en la Escuela Normal de Ayotzinapa, en México, y en el Centro Escolar El Espino Abajo, Zacatecoluca, El Salvador.
En México campea la violencia delincuencial, el narcotráfico asedia a los honrados, la corrupción está arraigada y el gobierno libra una batalla ingente para poner a raya a los delincuentes en medio de un evidente contubernio entre algunos agentes del estado con bandas criminales. Eso explica cómo unos policías municipales hacen lo que hicieron el 26 de septiembre de 2014 con estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.
El asedio a los centros educativos de El Salvador debe ser una campanada de alerta para que no se llegue a situaciones similares.
La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es parte del sistema de las escuelas normales rurales que se fundaron en México en el decenio de los 1920, cuando México aún olía a revolución social y se buscaba, con la educación, emprender profundas transformaciones sociales a favor de los desposeídos.
Debido a la composición social de su cuerpo estudiantil y la filosofía educativa de las escuelas normales rurales, estas instituciones con frecuencia han entrado en pugna con los poderes constituidos.
En la Escuela Normal de Ayotzinapa, donde estudian los estudiantes desaparecidos y probablemente asesinados por delincuentes, en asocio con agentes del Estado, se formaron como maestros y forjaron su ideario los luchadores sociales, devenidos legendarios guerrilleros, Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Lucio se graduó en Ayotzinapa, desplegó su actividad guerrillera en el Estado de Guerrero como líder del Partido de los Pobres y cayó en combate en 1974 a los 36 años. Genaro, también graduado de Ayotzinapa, operó como líder guerrillero del Partido de los Pobres en la Sierra Madre del Sur, Estado de Guerrero y murió en un sospechoso accidente de carro en 1972, a sus 40 años de edad.
El cuerpo estudiantil de Ayotzinapa tiene menos de 600 estudiantes los cuales, en su mayoría, provienen de familias pobres del centro del Estado de Guerrero. Al graduarse, trabajan como maestros de escuelas primarias rurales.
En ese centro educativo y con esas características estudian los jóvenes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014. Independientemente del desenlace final, si se encuentra a los jóvenes o a algunos de ellos, las circunstancias que rodean su balaceo, detención y eventual asesinato, son muy graves y deben llamar la atención a otros países que tengan algunos denominadores comunes con México, como es el caso de El Salvador. Se debe estar consciente de que la delincuencia tiene sus ojos puestos en la juventud, sobre todo la juventud como la de la Normal de Ayotzinapa, en México, o del Centro Escolar El Espino Abajo, de Zacatecoluca, El Salvador, y nuestros planes para prevenir y reprimir la violencia y poner a raya a la delincuencia deben tomar nota de este fenómeno social: la vulnerabilidad de niños, adolescentes y jóvenes de familias pobres ante la embestida de la delincuencia, principalmente la organizada transnacionalmente y en complicidad con agentes del estado, llámense policías, jueces, fiscales o carceleros.
Sin duda, los niños y los jóvenes deben estar en el centro de una estrategia de seguridad integral. Seguramente la Comisión de Seguridad Ciudadana y Convivencia los tomará en cuenta con la atención que merecen.
