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Fidelina Martínez Castro
La irresponsabilidad de la Asamblea Legislativa para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha puesto en evidencia que los y las diputadas de los diversos partidos políticos no tienen la capacidad para comprender la importancia de las garantías constitucionales para la ciudadanía.
El funcionariado que integra los órganos del Estado no deberían actuar con displicencia en el desempeño de sus funciones, deberían entender que el desenvolvimiento de las personas que actúan en el Órgano Judicial no puede ni debe estar orientado a beneficios personales ni de allegados, mucho menos al servicio de intereses partidarios o de grupos de poder económico, religioso o de cualquier otra índole.
Las personas que valoramos el respeto y cumplimiento de la Constitución de la República observamos como algo positivo que en nuestro país la ciudadanía cada vez más se interesa por el respeto al Estado laico, lo que implica no mezclar aspectos de interés privado y/o personal con directrices de políticas públicas; principios como la libertad, la igualdad, respeto a la diversidad de ideas y creencias, que son características de los Estados laicos como el nuestro, se pone en evidencia cuando la población considera que no son las instituciones religiosas las llamadas a conducir o mediar en cuestiones republicanas como es la conformación de la CSJ.
En los datos de la encuesta semanal que hace “cátedra” de la Universidad Francisco Gavidia, publicada en la pág. 7 de la Prensa Gráfica del 16 del mes y año en curso, cuando se pregunta ¿está de acuerdo que la Iglesia Católica sea mediadora entre los diputados para que agilizar la elección de magistrados de la CSJ? El 68.03% no está de acuerdo, solo el 25.41% está de acuerdo; el 4.92% le es indiferente y el 1.64% dice que no sabe.
Lo anterior es una pequeña muestra de que buen porcentaje de personas en nuestro país entienden que políticas públicas y políticas religiosas son cosas diferentes, ambas importantes pero cada una en su ámbito de influencia, la política en lo público y la religión en lo privado.
