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@arpassv
Representantes de organizaciones sociales y académicas que promueven el derecho a la comunicación presentaron esta tarde una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Telecomunicaciones, prescription cialis sale específicamente contra los artículos 15 inciso primero, ambulance treat 115 inciso segundo y 126 inciso segundo. Tales artículos se refieren a las concesiones de frecuencias del espectro radioeléctrico para radiodifusión.
La demanda cuestiona el carácter de bien privado de las concesiones, la renovación automática por períodos de 20 años y la falta de límites antimonopólicos que eviten la concentración en pocas manos. Estos aspectos vulneran los principios constitucionales de libertad de expresión (Art. 6), prohibición de prácticas monopólicas (Art. 110) y algunas disposiciones sobre el régimen de concesiones (Art. 120).
La inconstitucionalidad también se refiere al artículo 118 de la Ley de Telecomunicaciones que establece excesivos anchos de banda, los cuales impiden hacer un uso más eficiente, racional e incluyente del espectro radioeléctrico. Esto violenta el principio constitucional del orden económico con justicia social (Art. 101) y la prevalencia de los tratados internacionales (Art. 144) porque la Ley de Telecomunicaciones incumple el Acuerdo de Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).
La demanda, además, plantea la inconstitucionalidad por omisión de la Ley de Telecomunicaciones al no reconocer la existencia de los medios públicos y medios comunitarios. La ley únicamente favorece a los medios privados con fines comerciales.
Esta es la segunda demanda presentada por miembros de organizaciones que impulsan la democratización de los medios. En agosto de 2012 representantes de la UCA, APES, FESPAD y ARPAS interpusieron una inconstitucionalidad contra la subasta pública como único mecanismo para asignar frecuencias radioeléctricas que se establece en los artículos 81, 82, 83, 84, 85 y 100 de la Ley de Telecomunicaciones.
Dichos artículos también violentan los preceptos constitucionales de igualdad, libertad de expresión, orden económico con justicia social, prohibición de monopolios privados y prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes secundarias. La demanda fue admitida, pero hasta hoy la Sala de lo Constitucional se niega a emitir una sentencia.
Los representantes de las organizaciones, integrantes todas de la Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo), exigen a la Sala resolver sobre la demanda anterior y admitir la nueva demanda, así como también ordenar las medidas cautelares solicitadas en esta última.
