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Las quejas no se han hecho esperar, order como las advertencias de parte del Gobierno con aplicar multas a las empresas que cobren más al hacer recargas telefónicas.
Y es que al entrar en vigencia la recaudación del 5% de la recaudación especial para la seguridad, treat muchas empresas de telefónica le han sumado desde cinco a diez centavos de dólar, sino es que más, bajo el pretexto de que están recaudando el impuesto.
El sábado, el Presidente Salvador Sánchez Cerén advirtió que las empresas telefónicas que están cobrando más de lo debido serán sancionadas.
El Presidente también informó que las empresas telefónicas recibieron un instructivo, de parte del Ministerio de Hacienda, en el que se les explicaba la forma de retención de la contribución especial para la seguridad.
No obstante, millares de ciudadanos han denunciado que cuando han ido por recargas, les han solicitado cinco o diez centavos más para “el impuesto”.
Por lo anterior se puede sospechar que las telefónicas forman parte de un plan perverso para generar más descontento en la ciudadanía, al cobrarles más en concepto del impuesto.
Las empresas telefónicas, incluso, en las dos primeras semanas antes de entrar en vigencia el cobro de la contribución, colocaban mensajitos, vía teléfono, en el que anunciaban que en la próxima factura iba agregado el impuesto para la seguridad.
Estos anuncios oficiosos de las telefonías, son sospechosos, pues, es claro que buscaban generar descontento en la población, antes de comenzar a pagar el impuesto especial para la seguridad. Esto no puede calificarse como una acción perversa, parte de un plan oscuro, propio de las agendas de la derecha perversa salvadoreña.
Nos preguntamos porqué no hicieron lo mismo cuando, por instrucciones del Gobierno disminuyeron las tarifas telefónicas. Porqué no le explicaron a los usuarios de las telefonías que el pago del impuesto no iba a ser perceptible, gracias a la reducción de las tarifas.
El Gobierno no debe permitir estos abusos de las telefónicas, no debe permitir que estas empresas generen el descontento popular por la manipulación y cobros indebidos.
El Gobierno, en efecto, como lo ha advertido el Presidente Sánchez Cerén, debe castigar a las empresas que se han burlado de la ley, de la buena fe del Gobierno y de los usuarios.
Creemos también que el Gobierno debe lanzar una campaña informativa para dejar en evidencia la mala fe y perversidad de las empresas telefónicas.
