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@arpassv
La embajadora estadounidense Mari Carmen Aponte llegó la semana pasada al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia a rasgarse las vestiduras por la situación de violencia e inseguridad que afecta al país, viagra sale llamando a la unidad nacional y prometiendo apoyo de su gobierno para combatir la criminalidad.
Enhorabuena la preocupación de la embajadora Aponte. Sin embargo, case contradice su intervención en el Consejo de Seguridad el apoyo del gobierno estadounidense a las políticas neoliberales generadoras de la exclusión que engendra violencia y a los fallidos planes de seguridad manoduristas que implementaron los gobiernos de ARENA.
Y actualmente desdice la preocupación estadounidense por la violencia su política desmedida de deportaciones, que incluye deportación de criminales que vienen a generar más zozobra. También, el apoyo norteamericano a sectores de derecha que apuestan al fracaso de las políticas estatales de seguridad.
La embajadora –que mantiene una permanente actitud de injerencia e intromisiones hacia el Ejecutivo– guarda sospechoso silencio ante la negativa de ARENA a la aprobación de recursos para la seguridad pública y los bloqueos de la Sala Constitucional que congela la emisión de bonos para financiar programas de prevención de la violencia.
La señora Aponte tampoco se pronuncia contra la impunidad que genera la mala actuación del Sistema Judicial y las negligencias de la Fiscalía. Tampoco señala la negativa de la empresa privada que no quiere pagar un impuesto especial para seguridad y a las telefónicas que no bloquean la señal en los centros penales.
Si realmente está preocupada por la violencia y quiere contribuir a la seguridad del país, la embajadora estadounidense debería pedir a su gobierno que no deporte a criminales y pedir a los personeros oligárquicos (diputados areneros, magistrados de la Sala Constitucional, etc.) que contribuyan a resolver el problema delincuencial en vez de empeorarlo.
La señora Aponte también debería pedir la depuración del Sistema Judicial (petición que ha hecho varias veces el Departamento de Estado) y la elección de un Fiscal General honesto, capaz, independiente y comprometido con la lucha contra la violencia, la impunidad y la corrupción.
Si la embajadora norteamericana no hace todo esto, su preocupación y pesar por la violencia e inseguridad que agobia el país –expresada en la última reunión del Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia– podría ser fingida. Serían lágrimas de cocodrilo.
