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La UE propone un nuevo impuesto para los gigantes de internet

Bruselas/AFP

Céline Le Prioux

La Unión Europea propuso el miércoles un nuevo impuesto digital para los gigantes tecnológicos estadounidenses, otro problema para Facebook tras las revelaciones sobre la filtración de datos de millones de usuarios.

Este proyecto de la Comisión, que consiste especialmente en un nuevo impuesto a la facturación de los gigantes de la red, es revelado en un contexto ya muy tenso entre Estados Unidos y la UE, al borde de una guerra comercial por el acero.

«Nuestras reglas instauradas antes de la existencia de internet no permitían imponer a las empresas digitales que operan en Europa (…) Es la razón por la que proponemos un impuesto», declaró el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en una rueda de prensa en Bruselas.

Este impuesto a los gigantes digitales, conocidos como GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), es abiertamente defendido por el presidente francés Emmanuel Macron. Y llegará a la mesa de la cumbre de mandatarios europeos en Bruselas a partir del jueves.

Todo ello llega además en un momento delicado para Facebook. Según una investigación realizada por los diarios The New York Times y The Observer, la empresa Cambridge Analytica se hizo con datos de varias decenas de millones de usuarios de la red social, sin su consentimiento, con los que habría creado un algoritmo para prever e influir individualmente en el voto de los electores.

3% de ingresos

En un primer tiempo, el ejecutivo europeo aboga por gravar 3% los ingresos –y no los beneficios, como es habitual– generados por la explotación de actividades digitales.

Esta tasa sólo se aplicará a empresas cuya facturación anual mundial supere los 750 millones de euros y cuyos ingresos en la UE superan los 50 millones de euros.

Asi, las pequeñas start-up europeas, que ya tienen dificultades en rivalizar con los mastodontes norteamericanos, no estarán afectados por este impuesto.

La Comisión tiene como objetivo los ingresos publicitarios de los grupos obtenidos de los datos de sus usuarios (el modelo de Facebook, Google o Twitter) o los ingresos procedentes de la puesta en relación de internautas para un servicio determinados, como Airbnb o Uber por ejemplo.

En cambio, las empresas cuyo modelo de negocio se basa en los abonos, como Netflix, no se verán afectadas, ni las que ganan dinero gracias al comercio electrónico, como Amazon.

En total, entre 120 y 150 empresas pueden verse afectadas por el nuevo impuesto: la mitad de Estados Unidos, un tercio europeas y el resto esencialmente asiáticas, principalmente chinas, se indica en la Comisión.

Este impuesto podría generar unos 5.000 millones de euros por año.

‘No es medida anti-Estados Unidos’

«No se trata de ninguna manera de una medida antiestadounidense» había asegurado Moscovici en entrevista con la AFP el lunes.

Sin embargo, el viernes pasado, antes de que Bruselas revelara sus planes, el secretario estadounidense del Tesoro Steven Mnuchin, había lanzado esta advertencia a los europeos: «Estados Unidos se opone con firmeza a la decisión de cualquier país de atacar a las empresas digitales» mediante un impuesto especial.

En cambio, para Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España las cosas no van lo suficientemente lejos a nivel internacional. Abogan primero por una solución europea para luego dar ejemplo al resto del mundo.

En la ausencia de un consenso internacional en el seno del G20 o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), «debemos avanzar a nivel de la UE», reiteraron las cinco primeras economías del bloque europeo en un comunicado conjunto.

Queda por saber si estos grandes países de la UE lograrán convencer a los más pequeños Estados, como Irlanda, Holanda o Luxemburgo, conocidos por su flexible fiscalidad ante las empresas.

Además, en la UE, cualquier reforma sobre la fiscalidad requiere la unanimidad.

Irlanda, que logró atraer a su territorio la sede europea de Facebook gracias a sus ventajosas tasas fiscales, o Luxemburgo, que alberga a Amazon, abogan por su parte por una solución internacional coordinada por la OCDE.

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