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En vista de que la autoridad electoral, cialis léase el TSE, viagra dio luz verde a los partidos políticos para que realizaran la campaña electoral, viagra sale en el periodo que establece la ley, el Presidente de la República, Mauricio Funes, modificó un decreto ejecutivo que prohibía todo tipo de actividad partidaria a sus ministros.
Y es que, el Presidente Funes, quien no se ha hecho presente a ninguna actividad partidaria desde que asumió la presidencia, con su prohibición obligó a sus funcionarios a que se mantuvieran alejados de las actividades partidistas, sobre todo en días laborales, para evitar que sus funcionarios violaran la ley y no desatendieran sus funciones.
Creemos que el Presidente Funes tuvo razón, cuando prohibió a sus funcionarios a involucrarse a la vida partidaria en tiempos que la ley electoral prohibe el proselitismo. Recordemos que Marcos Rodríguez, quien fue llamado por la dirección del partido hace más de un año, para que se pusiera al frente de la consulta “El país que quiero”, se vio obligado a renunciar.
Los otros funcionarios se mantuvieron en el Gobierno, pues el partido consideró que servían más en el Gobierno que en las actividades prosélitas.
No obstante, al iniciarse la campaña electoral, en el periodo que establece la ley, y ante el deseo de los funcionarios de acompañar a su partido en las actividades político electorales, el Presidente Funes reformó el artículo, con la condición de que lo hicieran en “horas no laborales y sin utilizar recursos del estado”.
La Primera Dama de la República fue más allá, pues no solo se acogió al decreto ejecutivo sino que pidió permiso al Presidente Funes para dedicarse totalmente a la campaña, en las últimas semanas de la misma.
La Sala, que en temas electorales ha aceptado todo recurso de inconstitucionalidad prohibió que los funcionarios participaran en actividades electorales en horas no laborales, y hasta impidió que se pidieran permiso para realizarlas.
No sabemos si la Sala ha actuado en un afán genuino de salvaguardar el artículo 218 de la Constitución, yéndose al extremo de los tiempos en que no se cumplía ni un ápice, o simplemente cree que con su resolución pueda incidir negativamente en el triunfo electoral de un partido político. Si es lo último, la Sala se equivocó. Y es que el FMLN ganó la primera vuelta con gran ventaja, y se apresta a repetir la hazaña el próximo 9 de marzo.
Evitar que los funcionarios o servidores públicos participen de las actividades de partido que los llevará al triunfo final es una violación a un derecho también constitucional: el de participar de la actividad política.
Hoy no debe extrañarnos que el funcionario que desee vivir la efervecencia electoral de lo que resta la campaña, lo haga a escondidas, en secreto, camuflageado, pues, eso es lo que está promoviendo la Sala de lo Constitucional.
Vaya retroceso en el campo político al que nos está llevando la Sala, cuando debería todo lo contrario.
Desde este espacio hacemos un llamado a todas las universidades de la República, a analizar este tema académicamente, y enrumben a la Sala por el camino del respeto de los derechos políticos de todos y todas las salvadoreñas.
