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Salvador Ventura
“Es ilegal e inmoral perseguir sin tregua a gente honesta”, hospital afirma el director de El Diario de Hoy en su nota del día publicada el jueves 9 de octubre del año en curso, al tiempo de sostener que “las persecuciones sin tregua (…) pisotean los derechos cívicos y legales de las víctimas de acosos oficialistas, agregando el costo de defenderse en los procesos”.
El editorialista se pliega a una agenda partidaria de Arena y trata de defender a ex funcionarios acusados de corrupción, como el ex ministro de Salud Pública, Guillermo Maza Brizuela, a quien se atribuyen varios delitos como favorecer ilegalmente a una empresa contratada para reconstruir el hospital Santa Teresa, de Zacatecoluca.
Lo mismo ocurre al señalar “arbitrariedades” y “abuso” en el “enorme hoyo” de El Chaparral, utilizando términos propagandísticos del partido Arena, para desgastar al gobierno y de paso lanzar cortinas de humo para ocultar la estafa cometida contra la estatal CEL al vender sus activos de forma ilegal a la transnacional italiana ENEL Green Power.
De paso comete una ligereza al afirmar “toda dictadura inicia con acosos, burlas, insultaderas y atropellos, a grupos y personas, a lo que se agregan intentos por acallar, amordazar y censurar…”
Las dictaduras militares hace varios años fueron abolidas en los países de América Latina, producto de la lucha de los pueblos, como ocurrió en El Salvador. Actualmente se construye una democracia, hay irrestricto respeto a las libertades públicas y desde luego a los derechos humanos consagrados por las Naciones Unidas.
Los delitos cometidos por personas particulares y funcionarios se dirimen con base en las leyes y en el Estado de Derecho, luego de investigaciones y pruebas documentales y testimoniales bien fundamentadas, como ha ocurrido con los procesos judiciales seguidos a ex funcionarios del partido Arena. El ex presidente de la ANDA, Carlos Perla, guarda prisión por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, al apropiarse de no menos de $100 millones producto de “favores” otorgados por contratistas corruptos en una obra de infraestructura iniciada por la institución autónoma durante el gobierno de Francisco Flores Pérez.
Por cierto en este periodo también se construyó un pozo en una propiedad de Norman Quijano, en un terreno de su propiedad localizado en el cantón Cangrejera, Departamento de La Libertad. Los equipos y recursos humanos utilizados eran de la ANDA como se demostró con pruebas documentales.
El ex presidente de la república, Francisco Flores Pérez, quien guarda prisión en las bartolinas de la DAN, es procesado judicialmente por los delitos de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia a particulares, señalados por la Fiscalía General de la República, a pesar de que la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa le atribuye lavado de dinero.
Las pruebas debidamente registradas y documentadas señalan que Flores Pérez, se apropió de no menos de $70 millones donados al pueblo salvadoreño por Taiwán, para la construcción de viviendas a familias damnificadas por los terremotos de 2001 y mitigación de riesgos en zonas afectadas por fenómenos naturales.
El ex ministro de gobernación de Arena, Juan Miguel Bolaños, fue condenado a tres años de prisión por aceptar sobornos, tráfico de influencias y peculado. La condena, por razones nunca bien explicadas, fue sustituida por trabajo y obras comunitarias.
No existe persecución política ni se “pisotean los derechos cívicos y legales de las víctimas”, mucho menos se “enjuicia sin término ni pausa a personas o a ex funcionarios, sin que se demuestre que hubo dolo o perniciosas consecuencias de lo que hayan hecho o dicho”, como tendenciosamente lo sostiene el editorialista.
El Fiscal General de la República, Luis Martínez, a pesar de haber trabajado y ser amigo de Flores Pérez, ha tenido que actuar basado en pruebas bien documentadas y testimonios de ex funcionarios y del mismo gobierno de Taiwán, al enviar un reporte bien detallado de las ayudas millonarias entregadas al ex presidente Flores Pérez.
La misma presión de las organizaciones sociales, de sindicatos y personas afectadas, obligó al fiscal a entregar los expedientes del caso a un juzgado de paz que ordenó la captura del entonces prófugo Francisco Flores Pérez, quien está a la espera de la audiencia pública para decidir si finalmente será condenado por los hechos de corrupción.
El Diario de Hoy en lugar de atacar al gobierno y defender la inmoralidad del partido Arena, debe proceder responsablemente, investigar imparcialmente y publicar artículos, comentarios y reportajes con base en la verdad de hechos debidamente comprobados. Su forma de informar atenta contra la ética y el derecho de los lectores a estar veraz y debidamente informados.
