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Oscar A. Fernández O.
Las políticas de seguridad impulsadas desde el gobierno del FMLN en materia de seguridad, troche parten de una premisa simple pero de un alcance bastante profundo, hospital la seguridad tiene como centro medular a la persona humana tanto en su razón de ser como finalidad, ask marcada ésta por la protección y respeto irrestricto de los individuos de manera que, todo análisis en torno a este tema debe necesariamente considerar esta afirmación como punto referencial.
Las personas participan en la vida mancomunada bajo garantía de que sus derechos y libertades serán respetados y protegidos por las autoridades, asimismo, la seguridad se ordena como una tarea del grupo social en su conjunto, incluyendo necesariamente a los ciudadanos, los cuales al ser parte de un proyecto social común, se sienten comprometidos a contribuir a la realización de acciones que miren al interés general.
No obstante, el tema está dotado de cierta complejidad porque afecta a los individuos en un doble sentido, estos son los principales destinatarios de la tutela del Estado y al mismo tiempo, son el objeto de la sanción penal en caso de cometer acciones contrarias a la legalidad.
Los desafíos radican en el cómo elaborar y cómo ejecutar políticas que amparen y den respuesta oportuna de las personas, sin que con ello se vulneren las garantías esenciales de los propios individuos tutelados y de los demás miembros del grupo social.
La democracia participativa contemporánea, no exige conciliar los valores de orden y seguridad pública con el ejercicio de los derechos y de las libertades fundamentales, partimos de la base que todas las personas pueden ejercer sus derechos libremente pero tales derechos y libertades no pueden realizarse arbitrariamente, sino que es necesario conciliarlos con los derechos y libertades de las demás personas y con las normas, bienes y valores superiores del ordenamiento jurídico tanto interno como internacional.
En democracia, los derechos y libertades solo pueden ser ejercidos en plenitud en un contexto de confianza y tranquilidad social, fundado en el pleno respeto al Estado y a la Justicia, así se configura un respeto a la seguridad, constituido por el conjunto de garantías que debe otorgar el Estado a los ciudadanos para el libre ejercicio de sus derechos. La profundización del régimen democrático está enlazada con los valores primarios de seguridad y orden; si logramos constituir sociedades en orden y con paz social con pleno respeto a las garantías esenciales, la democracia se legitimará en mayor grado otorgando a la ciudadanía un apoyo cada vez más decidido y vigoroso al modelo político.
Una democracia legitimada por correctas políticas de seguridad fortalece la capacidad de gobernar; la reducción de las tasas de criminalidad y de la comisión de delitos conlleva, a mediano plazo, a un aumento de los índices de confiabilidad entre las personas y con respecto al sistema político, reduciéndose los factores de riesgo político, económico y social.
Es urgente advertir que las políticas de seguridad solo son realmente eficaces cuando cuentan con el apoyo ciudadano, es decir, cuando la ciudadanía considera que dichas políticas disminuyen tanto el problema real como la percepción del fenómeno delincuencial, es decir, sin un sostén ciudadano no hay medidas exitosas.
A todo lo anterior, debemos agregar los nuevos desafíos que enfrentan los gobiernos y las personas en esta área, pues el mundo globalizado presenta formas delictivas y de criminalidad que hacen replantearse lo realizado hasta ahora. Especial importancia adquieren los nuevos tipos delictuales como por ejemplo: todo lo vinculado a los delitos de pornografía infantil, tráfico de estupefacientes, trata de personas (nuevas formas de esclavismo); tráfico ilícito de armas, fraudes y otros, así como las características de los sujetos que los comenten, de modo que la prevención en investigación de los delitos requieren nuevas formas de enfrentar estas diversas realidades.
En este escenario le corresponde a las policías garantizar a toda la población el libre ejercicio de los derechos y libertades, sus funciones miran al bien común de la población y a la mejora de la calidad de vida de las personas. Este rol primordial, se justifica porque el mundo y en especial América Latina se ven afectadas por un aumento de la inseguridad ciudadana constituyéndose en algunos países del vecindario como uno de los principales problemas que afectan a la comunidad.
En Latinoamérica las expresiones más comunes de inseguridad se nos presentan por la existencia de problemas relacionados con delitos patrimoniales, homicidios motivados por causas comunes, la violencia intrafamiliar, las formas violentas de resolución de conflictos cotidianos, secuestros extorsivos, las maras, las disputas por el control de ciertos sectores vinculados al narcotráfico y micro comercialización de drogas, la violencia intrafamiliar y el abuso o violencia policial contra poblaciones catalogadas generalmente como sospechosas.
Las causas de la inseguridad son multifactoriales adquiriendo relevancia la pobreza extrema en la que viven algunos sectores de la población, las situaciones de exclusión y marginación social, las desigualdades y escasas expectativas de superación; a ello debemos sumar la incapacidad de ciertos Estados de conferir un acceso justo e igualitario a la justicia y a la seguridad ya sea por la propia invalidez de estos o por la adopción de formas equivocadas de enfrentar este problema.
En este contexto latinoamericano la eficacia de las policías para enfrentar estas realidades se ha visto reducida por diversas causas, en algunos casos como la adopción de modelos teóricos obsoletos, la corrupción interna de las instituciones, los erróneos procesos de selección de su personal y la falta de capacitación de acuerdo a las características de la sociedad donde deben ejercer sus funciones. La mantención de prácticas violentas y abusivas en contra de la población, la insuficiente especialización y la falta de recursos entre otras razones.
Lo anterior lleva a considerar como prioritaria en cada uno de nuestros países las políticas de seguridad que miren a una readecuación transformadora de las instituciones policiales; permitiendo su apertura a la ciudadanía, el aumento de niveles de transparencia y la adopción de todas aquellas medidas que permitan un accionar policial eficiente como la capacitación y educación de sus efectivos, la justa distribución geográfica de ellos, la promoción de sistemas de inteligencia criminal entre muchos otros.
Estas policías se ordenan bajo un doble rol conjunto, uno preventivo a actos delictivos y atentatorios contra la tranquilidad social y otro de carácter investigativo ante la comisión de delitos con miras a acreditar los grados de participación y responsabilidad de las personas involucradas.
No obstante, lo señalado en la complejidad que caracteriza el fenómeno delictivo, la alta preocupación pública que este problema genera y las demandas de una población que cada vez más consciente de sus derechos, exigen de parte nuestra un estrecho trabajo de evaluación en los procesos de transformación institucional, con miras a dar respuesta a estos desafíos. En el transcurso de estos años se ha venido desarrollando un trabajo que es necesario destacar para proyectar el contenido de las futuras políticas.
Se trata de una estrategia de trabajo que acerca los recursos policiales al ciudadano, y con ello logra mayor legitimidad y reconocimiento del trabajo policial. El despliegue en las comunidades se está extendiendo y la estrategia de profundizare este viraje en cuanto al servicio policial, está ya planteada en las políticas del actual gobierno, como un eje principal.
En tanto, la nueva política de seguridad se ordena bajo los siguientes ejes: una institucionalidad adecuada para la conducción de la política pública, la existencia de información válida, oportuna, transparente y confiable para la toma de decisiones, la prevención de la actividad delictiva, interviniendo en las condiciones sociales o ambientales que permitan la disminución de la violencia y la ocurrencia de delitos, con una intervención integral del Estado; la persecución y el control de diversas actividades ilícitas, la rehabilitación de los delincuentes y finalmente la ayuda y el apoyo integral a las víctimas.
La caracterización y descripción del papel del Estado en torno a la seguridad se está transformando; hay una metamorfosis en el modelo de seguridad, que impulsa el desarrollo en la innovación de las políticas públicas, e incluso en la actuación y organización policial hacia el servicio de la gente y la protección de sus derechos.
