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Licenciada Norma Guevara de Ramiros
En el año 2009, el presupuesto aprobado era de 3,657.8 millones de dólares. En ese año se dijo, como suele ocurrir siempre, que dicho presupuesto era el mayor de todos, anunciándose ese mismo año, el aumento de la pensión mínima, de 119 a 143 dólares. Se informó asimismo, que la pensión de los militares, algunas de las cuales eran de 25 ó 30 dólares, pasarían a 120 dólares. Fue así como para financiar ese presupuesto, y asegurar el pago de la deuda, se requirió al mes de mayo de 2009, de cinco Decretos de reorientación de préstamos y emisión de deuda por $2,453.5 millones de dólares. (Decretos Nos. 28, 29, 30, 31 y 32, emitidos los días 22 y 25 de mayo de 2009).
Con frecuencia, se afirma que los presupuestos de los gobiernos del FMLN son mayores, insinuándose que si son mayores, el dinero se derrocha. Tales críticas, propias de quienes conocen la historia de la fiscalidad del país, son críticas interesadas en ocultar el propio crecimiento de la economía, y más aún, el crecimiento de las deudas financieras y sociales heredadas por sus decisiones, cuando Arena gobernaba el país. Bastaría con leer y analizar esos 5 decretos para constatar esta afirmación.
Desde el 2010 hasta el 2017, Arena no votó por los presupuestos, tampoco votó por la modificación de leyes tributarias, que implicaba el aumento de los ingresos. Dicho partido de oposición ha votado selectivamente por algunos programas de créditos y por endeudamientos en bonos que han servido para refinanciar deuda. Hasta el año 2017, los presupuestos presentados por los Consejos de Ministros de los Presidentes Funes y Sánchez Cerén han sido equilibrados y su financiamiento ha estado asegurado con fondos propios del país y con préstamos aprobados previamente, los cuales fueron aprobados por los diputados y diputadas de todos los partidos, excepto los de Arena.
Hoy, por primera vez, se ha presentado un presupuesto que requiere antes de su aprobación, de la autorización para emitir deuda por 554 millones de dólares, que bien puede hacerse con bonos o con créditos presupuestarios de los que otorgan los organismos financieros internacionales. Como se ha dicho antes, el Presupuesto del año 2018, para su aprobación, requiere de los votos de Arena, en la medida que solo se puede aprobar garantizando el equilibrio con deuda nueva.
El Ministro de Hacienda ha explicado amplia y detalladamente la metodología, los contenidos nuevos de este presupuesto y las exigencias de incluir en ellos, aspectos que en el pasado se financiaban de manera diferente, por ejemplo, las pensiones.
A la luz de esta nueva circunstancia, se vuelve conveniente el ver, junto al Presupuesto del año 2018, las obligaciones de pago de deuda que el país sigue arrastrando y cuyo origen es anterior al año 2009. Esto permitirá que el país sea visto de mejor manera, pues en los últimos tres años la capacidad de Arena de impedir decisiones calificadas hace que sea visto con cautela. Se requiere, al menos, un acuerdo que de seguridad del pago de deuda por los próximos siete años, pues los vencimientos de la deuda originada en bonos o certificados fiduciarios, que fueron utilizados durante los gobiernos areneros para seguridad, educación y financiamiento de presupuestos, debe contar con el respaldo de ese partido.
Esos picos de deuda, originados en vencimientos de bonos, emitidos la mayoría, antes del año 2009, y que vencen entre los años 2018 y 2024, suman 2,156 millones de dólares, esto sin contar el pago de intereses y abono a capital de tales bonos, así como el de otros créditos adquiridos con diversos bancos. Tampoco incluye la deuda previsional. Es así como dentro de esos vencimientos, están contenidos los bonos con los cuales se pagaron las pensiones durante los años 2001 a 2006; los bonos que sirvieron para pagar los certificados fiduciarios, con los cuales se financiaron programas de educación y seguridad (bien olvidados: FOSEDU).
Cualquiera que sea serio en el análisis de la deuda de nuestro país, estará claro que esta seguridad jurídica de pago, respaldada con un acuerdo político, mejorará la calificación de país, y en consecuencia, tendría un efecto positivo en la economía.
Una deuda comunicacional de los dos últimos gobiernos ha sido la poca o nula información del origen de la deuda encontrada en el año 2009, pero es momento de informar y analizar las responsabilidades y los supuestos bajo los cuales, en aquel momento, se usaron dichos fondos, y que hoy, y hasta el año 2035, debemos seguir pagando.
Baste señalar que del Presupuesto en estudio, de $5,520.5 millones de dólares, la deuda pública representa 1,015.2 millones de dólares (18.4% del total del presupuesto), el cual es ahora mayor al monto presupuestario del Ramo de Educación, que será de 932.6 millones de dólares.
El Presupuesto y la deuda requieren ser vistas con responsabilidad por parte de Arena. Esconder sus obligaciones en líneas de ataque y bloqueo al gobierno, daña al pueblo, y beneficia a ciertos grupos económicos a los cuales responden. Ante esto, el FMLN se encuentra a favor de un acuerdo que responda a esta realidad.
