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Por Hélène Duvigneau
París/AFP
Ningún país, shop ni desarrollado ni en desarrollo se salva en el retrato sobre la corrupción que este martes presentó en París la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Cerca de uno de cada dos casos de corrupción transnacional implica a «agentes públicos de países cuyo índice de desarrollo humano es alto», es decir, los países desarrollados, según la organización con sede en París.
La OCDE define la corrupción transnacional como el «hecho de ofrecer (…) una ventaja indebida pecuniaria o de otro tipo, (…) a un agente público extranjero, para su provecho o para provecho de un tercero, para que este agente actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de funciones oficiales, con vista a obtener o conservar un mercado (…) en el comercio internacional».
La OCDE se ha basado en la elaboración de este informe en 427 casos de corrupción juzgados por la justicia desde 1999, cuando entró en vigor su Convención Anticorrupción.
Los sobornos suelen ser los casos de corrupción más habituales a los empleados de empresas públicas (27%) o a agentes de aduanas (11%). En la mayoría de los casos, se pagaron para ganar mercados públicos (57%) o para realizar trámites aduaneros (12%).
En las empresas de más de 250 trabajadores (60%) son los primeros actos de corrupción mientras que en el de las PME no supera el 4% de los casos. De media, los sobornos se elevaron respectivamente al 10,9% del valor total de la transacción y al 34,5% de los beneficios obtenidos.
Empresas pantalla
Dos tercios de los casos afectan a cuatro sectores de riesgo: las industrias extractivas (19%), la construcción (15%), el transporte y el almacenamiento (15%) y el sector de la información y de la comunicación (10%).
En tres de cada cuatro casos, los intermediarios –agentes físicos o vehículos jurídicos como las filiales o las empresas situadas en paraísos fiscales– han estado implicadas.
Esto muestra a qué punto los vehículos jurídicos son «la piedra angular de la corrupción», observa Friederike Röder, directora de la ONG One France.
«La Unión Europea está precisamente negociando la revisión de su directiva contra el blanqueo. Todo el mundo desea avanzar sobre la recogida de información sobre los beneficiarios efectivos del dinero situado en las empresas pantalla pero la negociación encalla en la publicación o no de los datos», precisa.
Según One, «los países en desarrollo se ven cada año privados de al menos 1.000 millones de dólares que desaparecen en las empresas pantalla a menudo disimuladas en los países de la OCDE», que reúne a 34 países más desarrollados.
En su informe, la OCDE señala que en el 69% de los casos, se ha llegado a un arreglo contra el 31% que son fruto de una condena.
Según Marina Yung, responsable jurídica de la ONG Transparency International, las condenas son insuficientes. «Reflexionamos sobre la forma de justicia transnacional que vendría acompañada de sanciones disuasivas, con acuerdos validados por un juez de la sede», subraya.
El informe señala también que el plazo medio necesario para que un caso de corrupción se concrete no para de alargarse, hasta los 7,3 años de media en 2013, frente a los 4 años en 2010, lo se explica por la complejidad creciente de las técnicas de corrupción.
