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Miguel Ángel Dueñas Góchez*
El Salvador forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde 1939, cuando comenzaba a incidir la temática de conceder el sufragio femenino en las elecciones. Como Estado salvadoreño hubo cierta resistencia ya que se estableció este derecho de manera limitada, aunque la Constitución reza (respecto a la ciudadanía) que es un derecho que tenemos todas las personas mayores de 18 años.
La oposición a conceder el derecho de voto a la mujer se basó en la predominancia de cada género en el ámbito privado o público, según correspondía. También se planteaba que las mujeres serían influenciadas por sus maridos o por la Iglesia, se asumía que los primeros no permitirían que las mujeres expresaran su verdadera voluntad y que la segunda perjudicaría el voto en el que predominaba la ideología antes que la fe; aparte, por supuesto, de la suposición que el ingreso de la mujer a la esfera política destruiría la familia y el hogar.
¿Por qué estos recursos aparecen con tanta fuerza como la forma “natural” de resolver conflictos? ¿Cuál es la carencia que los constituye en los garantes únicos del orden social?
Encontramos algunas respuestas en la idea de la casa, entendiendo esta expresión como las relaciones que se dan al interior del hogar. El escenario doméstico es el de la presencia de las mujeres que, si bien pueden llevar todo el peso de la organización de la casa, estaban desprovistas de recursos tan elementales como el derecho al voto y un restringido acceso a la educación. Por lo tanto, históricamente los sujetos clásicos de la tutela, aparte de la niñez, fueron las mujeres. Había una subordinación jerárquica de facto y un control social para la reproducción de los roles socialmente asignados.
En este contexto, quienes ocupan cargos públicos o privados pueden cambiar y ser transitorios, pero la permanencia jerárquica queda asegurada. Aquí nos encontramos con uno de los puntos centrales del problema que plantea el orden tutelar.
*Lic. en Relaciones Internacionales.
