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Mirna Jiménez
Diario Colatino
Una institución como la Cicig, que funciona en Guatemala, “no es la panacea” para el caso de El Salvador, dijo el comisionado Jaime Campos, del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y por el contrario se mostró más de acuerdo con la creación de un sistema nacional anticorrupción para el país.
El funcionario rechazó que El Salvador esté en condiciones similares a las de Guatemala en el tema de la institucionalidad y recordó que el vecino país ni siquiera cuenta con un instituto de acceso a la información pública, como la que funciona aquí.
El subcomisionado manifestó que la posibilidad de crear una cicies para El Salvador habría que evaluarla, pero personalmente admitió que cree que sería más beneficioso fortalecer la institucionalidad en el país.
Finalmente en relación al periodo de su gestión que ya finalizó, afirmó que se mantiene en el cargo debido a que todavía no hay elección para conocer a quien le sustituirá pero se dispone cumplir con la legalidad y presentar su dimisión en el momento oportuno.
En relación al trabajo desarrollado por la IAIP dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia se ha convertido en la institución del Estado que más ha sido objeto de apelaciones por no entregar información solicitada por la ciudadanía, manifestó Campos.
“La mayoría de apelaciones que ha recibido el instituto en los últimos dos años de gestión han sido de la Corte Suprema de Justicia, por no haber entregado información a los ciudadanos. Vale la pena destacar que la Corte Suprema apenas tiene dos informaciones clasificadas como reservadas”, explicó Campos hoy, en la entrevista de TCS.
El hecho de que esa institución solo tenga dos informes clasificados como reservados, no significa que sea la más transparente, agregó al decir que “porque hay un sinnúmero de peticiones ciudadanas que han llegado al instituto en contra de la Corte Suprema de Justicia”.
Magistrados suplentes de la Sala de lo Constitucional resolvieron de manera express en contra de una resolución emitida por el IAIP, donde se le ordenaba al órgano de justicia entregar dos peticiones de información que habían sido solicitadas por ciudadanos.
Campos señaló que la transparencia y el combate a la corrupción han avanzado mucho en el país, luego de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y señaló que desde junio de 2015 la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha hecho versiones públicas de 20,212 declaraciones de probidad de funcionarios del Estado.
Sin embargo, el comisionado hizo un llamado a evitar excesos como la divulgación de información de carácter privado de las personas, como el caso de la divulgación de fotografías tomadas a través del sistema de videovigilancia de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla.
En el mismo sentido instó a la Fiscalía General de la República que “modere sus redes sociales” para evitar divulgar casos de personas que no han sido condenadas en juicio.
Campos consideró importante una iniciativa en la Corte de Cuentas para la creación de una unidad de combate a la corrupción y señaló que esa entidad encargada de la auditoría del uso de los fondos públicos “había estado adormecida”.
Señaló que el país también debe de avanzar en la creación de un sistema de archivo de documentos públicos porque es frecuente encontrarse con que la documentación requerida no se encuentra. “En nuestras instituciones, con facilidad de destruye o pierde información”, manifestó.
