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Parte del equipo abandonado en lo que fueron las instalaciones de Baterías Record en el cantón Sitio del Niño, San Juan Opico, La Libertad. Foto Diario Co Latino.

“Por justicia las comunidades queremos la extradición de la familia Lacayo”: Maura Reyes

Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino

Maura Reyes es contundente en sus declaraciones: “nuestra experiencia ha sido dura con la contaminación con plomo que se ha alojado en nuestra sangre y órganos dañando nuestra salud. Y nos han ofrecido 150 dólares como indemnización, es una burla a nuestra dignidad”, dijo en petición a la Fiscalía General de la República, en busca de una respuesta de justicia, ante la polución en el cantón Sitio del Niño, municipio de San Juan Opico, La Libertad. Este emblemático caso de contaminación con plomo inició con una denuncia a finales de los años noventa, luego que varios padres de familia denunciaran públicamente los daños en la salud de sus hijos e hijas. La planta de la fábrica de Baterías Record generaba emanaciones industriales en el proceso de elaboración de las baterías lo que dejó muchas víctimas en la comunidad.

Posterior a la intervención de las carteras de Medio Ambiente, Salud y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) se cierra la fábrica en el año 2007, pero la judicialización del caso solo encarcela y mantiene en un proceso a los ingenieros de operaciones: Hugo Reinaldo Trujillo Díaz, Arturo Marenco Carballo, José Edgardo Brito Menéndez, Arturo Dimas y Domingo Call Imberton (representante legal de la empresa); mientras, los miembros de la familia Lacayo se encuentran prófugos de la justicia. “Es una realidad, nuestros niños y niñas no pueden desarrollarse porque tienen problemas para su aprendizaje… porque les ha afectado mucho y para toda su vida. Por eso exigimos que traigan a los señores Lacayo, que los extraditen al país y que paguen por los daños hechos a la población del Sitio del Niño”, agregó Reyes.

Para el extrabajador de Baterías Récord Jacob Vásquez (2004-2007) la contaminación con plomo marcó su vida para siempre, a sus 34 años es hipertenso y suma problemas de articulaciones y respiratorias. Y lamenta que a pesar que su labor era de control de inventario en proceso, nunca supo realmente a qué estuvo expuesto dentro de la planta.

“Nunca nos dijeron del peligro de la contaminación del plomo y había muchas deficiencias en la parte de seguridad industrial del personal, al grado que solo nos hacían unos exámenes sacándonos una gota de sangre con una maquinita y si salía una letra F teníamos un alto grado de contaminación. Y fue hasta que muchos trabajadores comenzamos a padecer de dolor de cabeza, náuseas y deficiencias en el sistema respiratorio y articulaciones, allá por el año 2006, que decidieron hacernos otros exámenes que enviaron a un laboratorio a Costa Rica, pero nunca nos dieron esos resultados”, reseñó.

Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández” y representante de las víctimas en el Caso de Contaminación de Baterías Récord, explicó que las demandas de la población del cantón Sitio del Niño son una preocupación válida, ya que han pasado once años sin que los verdaderos responsables hayan sido procesados y mucho menos obligados a pagar los daños a la población afectada.

“La exigencia hoy es que se trabaje de forma consciente para que verdaderamente se puedan enjuiciar a los dueños de Baterías de El Salvador, que se encuentran viviendo en Estados Unidos. Y consideramos que es el fiscal general de la República (Douglas Meléndez) quien debe trabajar e iniciar el proceso de extradición en contra de estas personas, que no han enfrentado los procesos judiciales que se han llevado. Porque en el proceso de contaminación ambiental solo fueron procesados tres ingenieros que eran mandos medios”, acotó.

A escasos tres metros, que solo divide un camino rural, se eleva el muro de la planta de Baterías de El Salvador, un vecino indeseable para Roxana Menéndez, quien declaró que ha afectado la vida de toda su familia, por lo que pidió por un final con justicia.

“Mi hijo de 14 años es el mayor y está mal por el plomo, sus exámenes indican que por su contaminación le cuesta en sus estudios. Por eso le hacemos un llamado a la embajadora de los Estados Unidos (Jean Manes) para que nos ayude a extraditar a la familia Lacayo que vive en su país y los mande para que se haga justicia a nosotros que somos las víctimas”, precisó.

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