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@BeatrizCoLatino
El procurador de Derechos Humanos, viagra David Morales, here celebró la decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de trasladar el caso Flores-Taiwán a otro juzgado y la sanción interpuesta al juez Levis Italmir Orellana, rx por negar información a la institución.
Los magistrados sancionaron por tres días al juez por no entregar la información sobre el proceso a la Procuraduría.
“El juez estaba incurriendo en violaciones a la Constitución al negarse a brindar los informes”, dijo Morales. Agregó que con esta resolución emitida por Corte Plena, se sienta un precedente importante para que ninguna autoridad se considere exenta de la vigilancia de la PDDH.
“Ni jueces, ni Sala”, advirtió.
Recordó que anteriormente el juez ya había sido responsabilizado por la PDDH por violación al debido proceso, cuando violó el principio de publicad de los juicios penales e intentó “decretar una reserva”.
Posteriormente, el decide “obstaculizar la labor del Procurador, por lo cual yo requerí a la CSJ que abriera un procedimiento” . “Con esta resolución la Sala está sentando un precedentes de respeto a la Constitución y a la Ley”, dijo Morales.
Agregó el procurador que el juez en algún momento “se excedió de su mandato y actuando con cierta dosis de arbitrariedad, la Ley de la PDDH es clara que si se obstaculiza la labor del procurador deben existir sanciones administrativas o penales si fuera el caso”.
Mientras que al tomar la decisión de trasladar el caso, se está garantizando el “respeto al debido proceso” y “mayor trasparencia, mayor credibilidad”.
Asimismo, el procurador dijo que continuará vigilante con el caso del ex presidente, porque existe el mandato ya que le fue recomendado por la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el desvío de fondos donados por Taiwán.
Los actos de corrupción tienen una afectación en los derechos humanos, por lo tanto, si tengo plena competencia para seguir conociendo advirtió Morales.
También, porque la investigaciones se profundicen y se pueda sumar al ex presidente Flores el delito de lavado de dinero, ya que existen indicios de que existió este delito en el desvió de los 10 millones de dólares. Mientras que los abogados querellantes del caso esperan que el nuevo juez reciba el expediente judicial y que notifique a las partes, sobre las decisiones y diligencias que desarrollará.
René Landaverde, abogado querellante del ISD, aseguró que el traslado del caso fue una decisión acertada.
Advirtió que se mantendrán vigilantes con el nuevo juez y lo importante que será la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador la que conozca, cuando exista alguna apelación de la Fiscalía y la querella, ya que confían en la imparcialidad de los magistrados de dicha Cámara.
También será el Juzgado Séptimo de Instrucción el que determine si continúa o no el proceso sancionatorio que inició el juez Orellana en contra de los querellantes.
