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Por Paul Handley
Washington/AFP
Un juez estadounidense suspendió el martes la aplicación de un decreto del presidente Donald Trump dirigido a negar miles de millones de dólares en fondos federales a las ciudades opuestas a su decreto contra la inmigración.
En un nuevo revés a las políticas de la Casa Blanca contra los inmigrantes indocumentados, el juez William Orrick, de la corte federal de San Francisco, ordenó un bloqueo temporal de alcance nacional a cualquier intento de implementar la orden del 25 de enero de Trump de cortar fondos a esas ciudades.
Orrick dijo que la orden, una de las primeras de Trump tras llegar al poder, era contraria al público y no se corresponde con la constitución estadounidense.
Pero las tensiones entre el gobierno federal y cientos de ciudades por las políticas migratorias no parece que cederán: la decisión del juez dejó al Departamento de Justicia libre de continuar sus amenazas contra nueve ciudades de cortar algunas subvenciones si no cooperaban adecuadamente con los funcionarios federales de inmigración.
El condado de Santa Clara en el estado de California (oeste), un ejemplo de estas «ciudades santuario» que se comprometieron a proteger a sus habitantes indocumentados, saludó esta decisión «histórica».
Pero el fallo del juez Orrick podría afectar a más de 300 ciudades y condados de todo el país que han calificado como anticonstitucional el decreto de Trump.
Orrick aceptó los argumentos de abogados que representan a San Francisco y Santa Clara, de que el presidente no tiene el poder de cortar fondos a ciudades que protegen a inmigrantes.
El decreto de Trump amenazaba la transferencia de 1.200 millones de dólares para San Francisco, y 1.700 millones para Santa Clara.
«El decreto suscitó incertidumbres presupuestarias que amenazan con privar a estos condados de centenares de millones de dólares de subvenciones federales empleados en sectores clave», consideró el juez Orrick.
El revés para Trump ocurrió luego que la justicia suspendió la aplicación de otro decreto del mandatario republicano que prohibía por tres meses el ingreso al país de ciudadanos provenientes de seis países (inicialmente siete) de mayoría musulmana, así como la acogida de refugiados.
Decreto inconstitucional
El juez desechó el argumento de los fiscales de que San Francisco y Santa Clara no tenían derecho a combatir la orden porque ninguna ha sido oficialmente declarada como «ciudad santuario», una frase que se mantiene vaga en la ley.
Pero el juez apuntó que el asunto principal son las repetidas declaraciones de Trump en las que admite que el financiamiento es un «arma» para usar contra ciudades que resistan sus políticas. Eso demuestra la intención del gobierno, y eso es inconstitucional, dijo.
Pero como se puso en evidencia en una reunión este martes entre el Fiscal General, Jeff Sessions, y un grupo de alcaldes, los dos bandos siguen enfrentados alrededor de la promesa electoral de Trump de deportar a unos 11,3 millones de inmigrantes sin permiso de estadía legal.
El viernes, Sessions arremetió contra las ciudades santuario por permitir que inmigrantes indocumentados violentos salgan en libertad, acusando a esas políticas de la expansión de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha en el país.
El Departamento de Justicia advirtió a nueve ciudades, incluyendo Chicago, Nueva Orleans y Filadelfia, que les retiraría subvenciones ligadas al cumplimiento de ciertas reglas de cooperación con procedimientos y agentes migratorios.
Pero alcaldes que estuvieron en la reunión dijeron que la ley federal es inconsistente y se quejaron de que el gobierno les pide usar policías locales para hacer cumplir la ley migratoria.
Desde la legada al poder de Trump, las autoridades estadounidenses han acentuado la represión a la inmigración clandestina, a quien acusa de fomentar la criminalidad, aun si ningún estudio serio lo prueba.
Las ciudades santuario consideran que profundizar la clandestinidad de personas que ingresaron ilegalmente al país tiene efectos nefastos en la seguridad, al inhibirlos de colaborar en la denuncia de crímenes.
