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Jerusalén/AFP
Israel anunció el lanzamiento de un programa destinado a imponer a 40.000 migrantes en situación irregular que elijan entre su expulsión del país y la encarcelación.
Al comienzo de una reunión de su gabinete, el primer ministro Benjamin Netanyahu se congratuló de la puesta en marcha de este proyecto destinado a «hacer partir a los migrantes llegados ilegalmente». Éstos tienen hasta fines de marzo para abandonar Israel y, si no lo hacen, serán encarcelados durante un periodo indeterminado.
Según las cifras del ministerio del Interior, unas 38.000 personas están afectadas por este programa, en su mayoría eritreos y sudaneses. Quienes acepten partir recibirán un billete de avión y casi 3.000 euros.
El gobierno israelí reconoce tácitamente que sudaneses y eritreos no pueden regresar a sus países en el marco de este programa.
El régimen eritreo está acusado por la ONU de crímenes de lesa humanidad «generalizados y sistemáticos». En cuanto a Sudán, su presidente, Omar al Bashir, es objeto de órdenes de detención por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio.
Según oenegés israelíes que apoyan a los migrantes, Israel ha firmado acuerdos con terceros países, en este caso Ruanda y Uganda, que acogerán a los migrantes voluntarios.
Estos migrantes entraron en su mayoría ilegalmente en Israel a través del Sinaí egipcio a partir de 2007. El flujo fue frenado con la construcción de un vallado eléctrico a lo largo de la frontera con Egipto.
Israel abrió centros de retención en el sur del país, donde casi 1.500 migrantes están sometidos a un régimen de semilibertad. Estos establecimientos cerrarán sus puertas y quienes rechacen partir serán enviados a prisión.
Tras la fecha del 1 de marzo, estas personas podrán aún abandonar voluntariamente Israel, pero se les entregará una candidad de dinero menor. Quienes rehúsen serán encarcelados, advirtió el ministerio del Interior.
En un comunicado distinto, el ministro de Seguridad Interior, Gilad Erdan, encargado de la aplicación del programa, subrayó que Israel está «determinado a devolver a decenas de miles de migrantes que entraron ilegalmente».
Según cifras oficiales, 4.012 migrantes en situación irregular ya dejaron Israel en 2017, 3.332 de ellos originarios del África subsahariana.
El programa de expulsión había sido aprobado originalmente en noviembre y la reunión del gabinete del miércoles marcó el paso de la planificación a la acción, explicó a la AFP Adi Drori-Avraham de la Organización de Ayuda a los Refugiados y Solicitantes de Asilo en Israel (ASSAF).
En noviembre, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) había expresado su preocupación, recordando que Israel tiene «obligaciones legales en lo que concierne a la protección de refugiados».
Desde que las autoridades israelíes se atribuyeron en 2009 la responsabilidad de determinar quién entra en esta categoría, sólo ocho eritreos y dos sudaneses obtuvieron el estatuto, agregó el ACNUR.
«El secreto que rodea a esta política (migratoria) y la falta de transparencia en su aplicación han hecho muy difícil la vigilancia y el seguimiento regular de la situación de las personas» que ya fueron devueltas al continente africano, había agregado la ONU.
