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Por Laurent Lozano
Jerusalén/AFP
La nueva ley israelí a favor de los colonos, denunciada como crimen de guerra por sus detractores, provoca indignación tanto entre los palestinos como entre los pacifistas, mientras la administración Trump todavía no se ha pronunciado sobre este conflicto.
Poco después de la adopción de la ley, en la madrugada del martes, los palestinos pidieron de inmediato a la comunidad internacional que sancione a Israel. Los defensores de los derechos humanos y de la causa palestina han anunciado además que apelarán al tribunal supremo israelí para hacer anular el texto.
La aprobación de la ley que permite a Israel de apropiarse de cientos de hectáreas de tierras palestinas en Cisjordania ocupada, se dio pese a la preocupación mostrada por la ONU e incluso por la administración Trump.
Esta ley en concreto afecta a 16 asentamientos y puestos externos en Cisjordania que no están autorizados por Israel, al permitir al Estado confiscar tierra privada palestina en la que colonos israelíes levantaron sus casas «sin saberlo o por indicación del Estado».
En el tiempo que pase hasta determinar el estatus definitivo de esos territorios, los dueños legítimos de las tierras no pueden hacer uso de ellas, señala la ley, aunque serán compensados con un pago anual o en lo posible con otra tierra.
La ley, advierten los detractores, supondría un paso más hacia la anexión, al menos parcial, de Cisjordania, algo que reclaman abiertamente algunos ministros, como el titular de Educación, Naftali Bennett, líder del partido Hogar Judío, ardiente defensor de los colonos.
La Organización de Liberación Palestina (OLP) reaccionó en un comunicado e indicó que la nueva ley significa «legalizar el robo» de la tierra palestina» y que «el gobierno israelí quiere destruir cualquier posibilidad de solución política» del conflicto.
Por su parte el líder laborista israelí Isaac Herzog advirtió que la ley podría llevar a algunos israelíes a ser inculpados por la Corte Penal Internacional (CPI).
La falta de reacción estadounidense contrasta con la ola de indignación pero también con las críticas a la colonización que había emitido la administración de Barack Obama.
La nueva administración Trump «necesita consultar a todas las partes sobre cómo avanzar», dijo un responsable del departamento de Estado, una posición que confirma la falta de posición hasta ahora del nuevo presidente.
«La administración Trump no comentará este ley antes de cualquier decisión de justicia», añadió el responsable, en previsión de los recursos contra el texto.
Adoptada por 60 votos a favor y 52 en contra, la ley autoriza al Estado a declarar como tierras israelíes terrenos privados palestinos en Cisjordania ocupada donde los israelíes construyeron sin autorización.
Los propietarios palestinos serán compensados financieramente o bien con otros terrenos.
Según sus promotores, esta ley protegerá a los colonos de expulsiones como las de la semana pasada en la colonia «salvaje» de Amona.
La ley también podría legalizar 53 colonias consideradas hasta ahora como «salvajes» y expropiar un mínimo de 800 hectáreas de tierras palestinas, según la organización Paz Ahora.
«Con esta ley [el primer ministro Benjamin] Netanyahu convierte el robo en la política oficial de Israel y ensucia los libros de la ley israelí», y ello para «satisfacer a un pequeño grupo de colonos extremistas y asegurar su propia superviviencia política», denuncia la organización.
Obstáculo para la paz
Gran parte de la comunidad internacional considera las colonias como un obstáculo para alcanzar la paz en el conflicto israelopalestino.
Pero muchos defensores de los colonos creen que estas tierras pertenecen a Israel desde tiempos bíblicos, digan lo que digan los jueces israelíes, los palestinos o la comunidad internacional.
«Toda la tierra de Israel pertenece al pueblo judío», dijo antes del voto de la ley el ministro de Ciencias, Ofir Akunis, hablando en su acepción bíblica, es decir incluyendo también a Cisjordania. «Este derecho es eterno e incontestable», afirmó.
Los detractores del texto temen que sea un paso más hacia la anexión de Cisjordania, que ya reclaman algunos ministros.
«Una ley así significa la anexión definitiva de Cisjordania», advierte la dirigente palestina Hanan Ashrawi, y es la prueba de que el gobierno «racista y extremista» de Netanyahu «destruye deliberadamente la posibilidad de la paz».
Según Ashrawi, la comunidad internacional tiene que tomar «medidas punitivas y sanciones antes de que sea demasiado tarde».
Jordania denunció por su parte una «ley provocadora» que, según la Liga Árabe, sigue «las políticas israelíes para reducir a la nada cualquier posibilidad de una solución de dos estados y la creación de un estado palestino independiente».
La ley genera muchos interrogantes sobre su conformidad tanto con las leyes fundamentales de Israel como con el derecho internacional.
Se trata de la primera vez que Israel aplica su ley civil en Cisjordania, no sólo a individuos sino también a tierras reconocidas como palestinas, explica el profesor de derecho Amichai Cohen.
Por su parte el fiscal general israelí Avichai Mandelblit advirtió al gobierno que el texto probablemente será rechazado por el tribunal supremo y podría ser perseguido por la Corte Penal Internacional (CPI).
Francia condena
El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, condenó la adopción de una ley en el Parlamento de Israel dirigida a avalar miles de alojamientos construidos en los terrenos palestinos de Cisjordania.
En un comunicado, el titular cuestionó que la normativa contribuye a perennizar ‘la existencia de decenas de colonias y asentamientos al darles una base jurídica para su desarrollo futuro’.
Ese hecho, agregó, podría agravar las tensiones en la región, por lo cual ‘llamo a Israel a respetar sus obligaciones internacionales y a reconsiderar esta ley’.
Ayrault recordó la resolución aprobada en Naciones Unidas el 23 de diciembre de 2016 que declara la colonización como un acto ilegal a luz del derecho internacional.
Asimismo, indicó que la ley probada por Israel atenta contra la solución de dos estados, avalada por buena parte de la comunidad internacional como la única vía para resolver el conflicto de forma pacífica.
Gran Bretaña
El ministro británico para Cercano Oriente, Tobias Ellwood. «Es muy preocupante que la ley allane el camino a un crecimiento significativo de los asentamientos en Cisjordania», señaló horas después de que Netanyahu se fuera de Londres tras un encuentro con su homóloga británica, Theresa May.
Más condenas
La organización de derechos humanos israelí Betselem condenó también la decisión del Parlamento. «La ley (…) demuestra una vez más que Israel no tiene intenciones de acabar con su control sobre los palestinos o el robo de sus tierras», señala en un comunicado.
«La aprobación de la ley semanas después de la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad es una bofetada a la comunidad internacional», añade respecto del texto en el que el máximo organismo de la ONU exigió en diciembre la paralización de los asentamientos.
