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Redacción Nacionales
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Human Rights Watch respondió a los comentarios vertidos por el presidente de la República, Nayib Bukele, en su conferencia de prensa esta semana, pues el mandatario los tildó de “sin vergüenzas” tras no pronunciarse sobre el asesinato de los agentes policiales en Santa Ana.
En una carta de Tamara Taraciuk, directora en funciones de HWR para las Américas, dirigida al presidente de la República, Nayib Bukele, esa institución internacional de derechos humanos señala que repudian los homicidios de los tres policías presuntamente cometidos por miembros de pandillas en Santa Ana el 28 de junio.
“Durante años, las pandillas en El Salvador han cometido brutales abusos, que incluyen homicidios, desapariciones, reclutamiento de menores, violaciones sexuales y desplazamientos forzados, los cuales hemos documentado y condenado en reiteradas oportunidades”, respondió Tamara Taraciuk.
También, sostuvo que el Estado salvadoreño tiene la obligación, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, de tomar medidas eficaces para proteger a la población de graves abusos cometidos por las pandillas y llevar a los responsables ante la justicia.
Con el fin de cumplir dicho propósito “es necesario que el GOES adopte medidas sostenibles, eficaces y respetuosas de los derechos humanos para desarticular las pandillas que operan en el país. Ello exige que las fuerzas policiales provean seguridad respetando derechos fundamentales, incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a la integridad física, así como garantizar un sistema de justicia robusto e independiente que pueda investigar los delitos cometidos por estos grupos criminales y asegurar justicia para las víctimas”.
Human Rights Watch agregó que es fundamental priorizar proyectos de prevención y rehabilitación que contribuyan a limitar el reclutamiento por parte de las pandillas, pues históricamente los miembros de las pandillas se han conformado por jóvenes que crecen dentro de estas estructuras criminales ante la ausencia de proyectos sociales.
Por el contrario, el gobierno “ha priorizado un enfoque punitivo de ‘guerra contra las pandillas’ que privilegia el encarcelamiento masivo sin el debido proceso como respuesta a la criminalidad.
Desde la adopción del régimen de excepción a finales de marzo, hemos documentado decenas de violaciones de derechos humanos, incluyendo contra ciudadanos que nada tienen que ver con las pandillas”, lamentó HRW.
Entre los principales abusos incluyen, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de corta duración contra salvadoreños inocentes, en su mayoría de escasos recursos.
Asimismo, el gobierno de Nayib Bukele ha adoptado medidas que debilitaron la independencia del poder judicial y la Fiscalía General de la República, “lo cual limita el acceso de las víctimas a una justicia genuina, y expone a todos a una situación de indefensión”, dice la entidad en referencia a la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y los magistrados cesados por un decreto legislativo.
“La experiencia en otros países de América Latina, como Venezuela y Nicaragua, demuestra que cuando se desmorona el Estado de derecho, no es posible asegurar la protección de los derechos humanos de ningún individuo.
Human Rights Watch aboga por los derechos de todos los salvadoreños, quienes en el contexto actual se encuentran expuestos tanto a la brutalidad de las pandillas como a los excesos de la autoridad”, señala Tamara Taraciuk.
La organización internacional de derechos humanos concluyó que El Salvador, quien hoy es víctima de las pandillas, “mañana puede terminar recorriendo los centros de detención en busca de familiares detenidos de forma arbitraria por la policía”.
En reiteradas ocasiones, HRW ha pedido una reunión con Bukele, pero el mandatario no les ha concedido el espacio.
