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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El Ministro de Hacienda Carlos Cáceres fue invitado al seno de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto para explicar las razones y el alcance de las reformas propuestas al actual sistema de pensiones. Fueron varias horas de intercambio con información constatable que a lo largo de años se ha ocultado, thumb se ha deformado y sustituido por mitos propagandísticos engañosos a favor de un sistema que solo beneficia a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
Algunas afirmaciones presentadas por escrito y ampliadas en la presentación por el Ministro, thumb representan el abc de cualquier sistema de pensiones; el deber ser. Otras revelaciones demuestran los efectos desastrosos de un manejo irresponsable por quienes privatizaron. Un tercer aspecto es la solidez de las propuestas para reformar el sistema.
En este tema del que frecuentemente he compartido algunos datos de la historia de la privatización y de sus resultados, ailment es necesario aunque parezca reiterativo insistir, en esta ocasión deseo referirme a algunos aspectos de la presentación del Ministro de Hacienda.
Según el Ministro todo sistema previsional se debe considerar en equilibrio, es decir que el total de los ingresos producto de las cotizaciones y de la rentabilidad de las mismas debe ser igual a los gastos que ocasiona brindar los beneficios y su administración. Si este es un principio a observar significaría que quienes tienen pensiones derivadas de un sistema de capitalización individual tendrían que tener una pensión basada en sus cotizaciones y en el rendimiento de las mismas. Si le preguntáramos ahora mismo a un pensionado de las élites que reciben tres o cuatro mil dólares mensuales si cotizó lo suficiente para gozar de esa pensión tendría que aceptar que no.
Lo mismo para quienes tienen pensión mínima, cuyas cotizaciones son el reflejo de los precarios salarios percibidos a lo largo de la vida, lo ahorrado es siempre insuficiente para sostener una pensión. Esto indica que las pensiones tanto mínimas como máximas que hoy reciben, están subsidiadas por el Estado; ese subsidio se ha pagado con deuda pública y erogaciones presupuestarias cada año. Esto quedó demostrado en la Comisión de Hacienda con datos irrefutables presentados por el Ministro Cáceres. Esta verdad es harto conocido por quienes planearon la privatización y la han ejecutado a lo largo de 18 años; pero propagandísticamente la ocultan mienten y crean afirmaciones que repiten millones de veces para crear una percepción contraria a la realidad.
El Ministro reiteró que al momento de la privatización, a finales de 1997 el costo de la privatización era de 7,745 millones de dólares; las reservas eran de 338 millones de dólares, se las terminaron en el año 2001; para pagar las pensiones entre 2001 y 2005 endeudaron al país con 1,232 millones de dólares en eurobonos y en 2006 crearon el mecanismo de endeudamiento con el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales que obliga al Fondo de Pensiones prestar de las cotizaciones para el pago de pensiones. Este simple recuento demuestra que la privatización ha sido y es insostenible, que el Estado subsidia el modelo privatizado que se propagandiza como eficiente porque con ello intentan justificar las ganancias de los únicos beneficiarios, las AFP que han tomado entre un 36% en los primeros años, hasta el 17% actual.
El Ministro demostró que el primer regalo a la privatización fue la sobrevaloración de las cotizaciones de los obligados y optados, es decir de los trabajadores que pasaron por ley a cotizar en las AFP menores de 35 años y los que fueron empujados a irse con ellas cuando tenían entre 36 y 55 años. Luego otras decisiones en tiempos de Francisco Flores y Antonio Saca que aumentaron la deuda y los compromisos estatales que el señor Chussi ha reconocido, que es un subsidio al sector privado superior a los 14 mil millones de dólares.
Además del efecto perverso contra la hacienda pública del modelo privatizado en 1996, la incidencia de la economía, la precariedad de los salarios, la dolarización, y de la Ley del Fideicomiso han tenido su peso en la crisis del sistema que hoy debe enmendarse. Solo un 24% de la población económicamente activa cotiza, de los que cotizan por la irregularidad de los empleos menos de la mitad llega a cumplir los requisitos para obtener una jubilación. El 78% de quienes cotizan tienen salarios iguales o menores a dos salarios mínimos. A quienes se les devuelve lo ahorrado quedan desprotegidos en su salud por el Seguro Social.
Reconocer el problema es el inicio para enfrentarlo, esto suponía desnudar la realidad; la propaganda sucia contra la reforma opera como un ruido para evitar que se entienda el problema y acepte la solución.
