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Ciudad de Guatemala / AFP
Edgar Calderón
Sectores opuestos de la sociedad guatemalteca se enfrentan en torno a dos propuestas sobre el aborto que están en manos del Congreso: una que flexibiliza las restricciones actuales al permitirlo en casos de menores violadas, y otra que aumenta las penas de prisión e incluso puede criminalizar pérdidas espontáneas.
La ley guatemalteca solo autoriza en la actualidad la interrupción del embarazo en caso de que corra peligro la vida de la madre. El debate ha movilizado a la población a favor y en contra de las iniciativas, en un país donde la derecha conservadora domina el parlamento y en el que las Iglesias católica y evangélica tienen una enorme ascendencia.
El domingo, unos 20.000 feligreses celebraron una marcha en el centro de la capital contra el proyecto de ley de protección a las niñas, propuesto por el izquierdista partido Convergencia, que habilita a que menores embarazadas puedan abortar en las primeras 12 semanas si fueron víctimas de abuso sexual.
Bajo el lema «Guate por la vida y la familia», los manifestantes acusaron a la iniciativa de legalizar el aborto sin plantear una solución para erradicar la violencia y explotación sexual.
Este proyecto se encuentra en discusión en la comisión parlamentaria de la mujer, que debe emitir un dictamen favorable para elevarlo al pleno o rechazarlo.
Pero ante la polémica surgida, las organizaciones sociales que lo impulsan plantearon el martes eliminar el artículo que se refiere al aborto para facilitar que se apruebe el resto de la ley, señaló a la AFP Paula Barrios, activista de Mujeres Transformando el Mundo.
«Tomando en cuenta las diferentes posturas preferimos priorizar la situación y reparación a las niñas. No estamos listos (en Guatemala) para hablar de la interrupción» del embarazo, lamentó Barrios, pero agregó que el debate debe continuar.
– Endurecer la ley –
Si se retira ese artículo, el debate parlamentario del aborto se configurará solo en torno a un proyecto presentado por el diputado Fernando Linares del derechista Partido de Avanzada Nacional y que ya lleva un camino recorrido en el Congreso y que podría debatirse en el pleno próximamente.
Se trata de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia, que aumenta las penas de prisión por aborto intencional de los 1 a 3 años actuales a entre 5 y 10 años. Además, agrega penas de entre 2 y 4 años por intento de aborto o aborto «culposo».
Según organizaciones feministas, esta iniciativa criminaliza a las mujeres incluso por una pérdida gestacional involuntaria.
Su aprobación sería «un retroceso histórico a los derechos que hemos ganado las mujeres», dijo a la AFP Ada Valenzuela, de la organización Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas.
La activista reivindicó el derecho de las mujeres a «decidir sobre nuestro cuerpo» y afirmó que entre 15% y 20% de los embarazos terminan con la pérdida del feto, advirtiendo que con ese proyecto se pretende establecer penas de cárcel en algunos de esos casos.
La despenalización se ha convertido en un clamor en muchos países de América Latina, una reivindicación que tomó particularmente las calles en Argentina pero que finalmente no logró la venia del Senado de ese país.
Pero Centroamérica es una de las regiones más restrictivas del mundo: el aborto está totalmente prohibido en El Salvador, Honduras y Nicaragua.
Hasta ahora es legal solamente en Cuba, Uruguay y en la Ciudad de México. En el resto de Latinoamérica se permite si está en riesgo la vida de la mujer, cuando es producto de una violación o si es inviable la vida extrauterina.
– «Segunda categoría» –
A las voces de rechazo a la iniciativa conservadora se sumó Human Rights Watch (HRW), cuyo director para las Américas, José Miguel Vivanco, consideró que el proyecto de ley «podría exponer a las mujeres que sufran abortos espontáneos a procesos penales, o al menos a ser interrogadas por las autoridades».
«La pérdida de un embarazo puede ocurrir debido a anomalías cromosómicas del feto, edad materna avanzada o un antecedente de aborto espontáneo, todas situaciones que están fuera del control de la mujer embarazada o su proveedor médico», puntualizó Vivanco.
Esta iniciativa «también incluye definiciones de ‘familia’ y ‘diversidad sexual’ abiertamente discriminatorias, que contravienen derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero», agregó.
«Si el Congreso guatemalteco aprueba este proyecto, transmitirá el mensaje de que consideran que las mujeres y personas LGBT son de segunda categoría (…), la propuesta carece totalmente de sentido común, es inhumana y podría convertir en criminales a las mujeres y niñas que tengan abortos espontáneos», afirmó.
