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@elder_gomez_2
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén ha rechazado presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para realizar “ajustes económicos” para solventar la economía local, treatment que conllevarían a la supresión de plazas en el aparato estatal y otras acciones “dañinas” para la estabilidad económica y social de este empobrecido país centroamericano.
Las presiones del organismo financiero internacional han sido giradas al gobierno en medio de una caída estrepitosa de los precios del petróleo en el mercado internacional, tadalafil que ha llevado a los salvadoreños a ahorrar $ 700 millones, cialis pero al Estado a perder $ 102 millones del Presupuesto General de la nación.
“Yo ya discutí con el FMI y les dije que (con) las recomendaciones de ellos no estaba de acuerdo en nada”, afirmó el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, quien recordó que los funcionarios del organismo financiero internacional han dado al gobierno salvadoreño “una suerte de recetas equivalentes al 3 por ciento de ajustes sobre el PIB (Producto Interno Bruto)”.
Al respecto, Cáceres explicó que los “ajustes” sugeridos al gobierno salvadoreño por los funcionarios del FMI, “van directamente a las clases más pobres, echar empleados, disminuir los subsidios y aumentar el IVA (Impuesto al Valor Agregado)”, que en la actualidad es del 13 por ciento.
Además, retirar una serie de incentivos fiscales a las grandes empresas, equivalentes a un 7 por ciento. “Eso (el ajuste propuesto por el FMI) restringe directamente el consumo, y el crecimiento del país está directamente vinculado al consumo, lo que reduciría el crecimiento (económico) de 2.2 por ciento, en un 1.4 por ciento, y eso sería dañino, (porque) tendríamos un crecimiento más bajo, menos empleos (y) más sacrificios para la población, más ajustes”, advirtió el funcionario.
Cáceres sentenció que de aplicar en El Salvador las “recomendaciones” del organismo financiero internacional, “el FMI no se queda allí (y) va a seguir pidiendo más ajustes”.
Sin embargo, pidió al congreso salvadoreño aprobar una serie de reformas fiscales para aplicar un ajuste económico del 3 por ciento “en 10 años”, para nivelar las agobiadas arcas estatales y cumplir con el pago de empréstitos internacionales, para “no hacerlo tan rápido, como ellos (los funcionarios del FMI), dicen”, subrayó.
El petróleo
Cáceres reveló también que la factura petrolera en El Salvador ha pasado de $ 1, 700 millones, “manteniendo el mismo nivel de consumo, por el orden de mil millones”, por la caída internacional de los precios del crudo, cuyo barril es cotizado en el comercio global en un promedio de $ 50 dólares.
No obstante, no descartó aplicar en El Salvador al precio de los combustibles un incremento del 1 por ciento “por galón”, como parte de un acuerdo oficial pactado en 2009, ante una eventual baja en el precio internacional del petróleo, lo que “no debería ser preocupación de nadie ese asunto”, que aumentaría $ 0.02 centavos de dólar a cada galón de combustible.
Cáceres explicó que el Estado ha perdido $102 millones de ingreso para financiar el Presupuesto General de la Nación con la caída del precio del crudo en el mercado internacional, pero explicó que éste sería compensado con el aumento de la productividad local y los ingresos por consumo.
Acciones al BID
El ministro de Hacienda llegó el lunes al congreso para pedir la aprobación de un desembolso por $ 950 millones del Presupuesto General 2015 para la compra de 79 acciones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a lo que se oponen los partidos políticos de derecha.
La diputada de ARENA, Milena Calderón de Escalón, ha pedido al gobierno que el monto destinado para la compra de acciones al BID, sea destinado al mejoramiento de la infraestructura escolar o a la compra de medicamentos para la red hospitaria nacional. “Le pido a ARENA, especialmente, que sea agradecida con el BID, que demuestre ese espíritu de solidaridad, agradecimiento (y) aprueben esos $950 mil”, dijo el funcionario, quien recordó que aún el congreso salvadoreño mantiene en vilo la autorización de $ 800 millones en préstamos del BID para la ejecución de proyectos de desarrollo social en zonas y sectores empobrecidos salvadoreños.
