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Por Carola Solé
México/AFP
El gobierno mexicano afronta un rotundo rechazo a su propuesta de regular el concentrado sector de las telecomunicaciones por parte de los gigantes Televisa y América Móvil, drugstore ask afectados por la medida, y por la oposición, que le exige aún más audacia.
El presidente Enrique Peña Nieto envió esta semana al Senado su propuesta de leyes que regulan la histórica reforma constitucional de telecomunicaciones consensuada en 2013 con los las dos principales partidos de la oposición, y cuyo objetivo es impulsar la competencia en el sector y limitar el poder de las empresas dominadoras.
Sin embargo, el conservador PAN (Partido Acción Nacional) y el izquierdista PRD (Partido de la Revolución Democrática) ven esas leyes como un retroceso respecto a la mucho más ambiciosa reforma.
«¿Qué ha cambiado en relación a la reforma constitucional? Absolutamente nada. Los objetivos fundamentales se mantienen firmes» en las leyes propuestas, defendió este viernes el subsecretario (viceministro) de Comunicaciones, José Ignacio Peralta, ante un grupo de corresponsales extranjeros.
La comparecencia del funcionario coincidió este viernes con la publicación en la prensa de un anuncio a página completa de América Móvil, la principal compañía telefónica de América Latina propiedad del magnate Carlos Slim.
América Móvil también reprochó que la iniciativa del gobierno «se aparta de los principios rectores de la reforma» y que agrega más medidas que le perjudican, como una inédita prestación de servicios de las empresas dominantes a sus competidores de forma gratuita.
«Esa propuesta confiscatoria premia la falta de inversión crónica de nuestros competidores en perjuicio de los consumidores», subrayó América Móvil, que controla más del 80% del mercado de telefonía fija y cerca del 70% de la celular en México (118 millones de habitantes).
Televisa, el principal rival de América Móvil en el sector, también manifestó que la propuesta del gobierno contempla nuevas sanciones «desproporcionadas» en su contra y no descarta tomar acciones legales.
La reforma de 2013 creó un nuevo órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), que a inicios de marzo ya estableció una serie de medidas y restricciones que debían afrontar América Móvil y Televisa por tener una participación directa o indirecta de más del 50% en un sector.
El IFT les obligó a poner su infraestructura a disposición de competidores mediante una oferta pública negociada y también les prohibió adquirir en exclusiva derechos de transmisión de contenidos de alta audiencia como los Juegos Olímpicos o la final de los mundiales de fútbol, entre otras normas.
Cambios con propósito «político»
Para la oposición, en cambio, el proyecto de leyes gubernamental desconoce los «avances alcanzados» en la reforma a favor de la competencia y pretende reducir varias facultades del IFT, dándoselas a secretarías como la de Gobernación (Interior), Comunicaciones y Hacienda «con evidentes propósitos políticos».
En la iniciativa de leyes, la Secretaría de Gobernación mantiene potestades como el monitoreo de tiempos máximos para la transmisión de publicidad mientras que la de Comunicaciones tendrá opinión técnica no vinculante en otorgamientos, revocaciones o cambios en materia accionaria de sociedades vinculadas con concesiones en telecomunicaciones.
En una comparecencia conjunta el lunes, las dirigencias del PAN y el PRD consideraron «inadmisibles» los cambios y pidieron un diálogo para que se mantenga un «respeto escrupuloso» a lo pactado.
Este viernes el subsecretario Peralta replicó que «no se le quita (nada) al IFT».
La interpretación que hace el gobierno de la reforma es que algunas atribuciones «deben de ser una responsabilidad coordinada y conjunta» del gobierno y el instituto, manifestó Peralta, aduciendo que, en algunas ocasiones, debe prevalecer el criterio del Ejecutivo por razones de seguridad nacional o para cumplir «objetivos políticos» contemplados en la Constitución.
Como ejemplo, el subsecretario dijo que la propuesta gubernamental de que las empresas dominadoras presten gratuitamente sus instalaciones a sus competidores se alcanzó tras «un análisis técnico que considera que las anomalías (en los servicios) sólo se pueden resolver a través de una tarifa cero».
Pero quien debe decidir son los legisladores y «lo que queremos es que haya un diálogo, un debate que finalmente permita enriquecer este documento», recalcó el funcionario, que espera que la ley sea aprobada por el Senado en abril para luego pasar a la Cámara de Diputados.
